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El Gobierno de Irán declaró este miércoles 11 de noviembre a la Armada Argentina y a la Fuerza Aérea Argentina como organizaciones terroristas, en respuesta a la decisión adoptada por la administración de Javier Milei de incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el registro argentino de entidades vinculadas con el terrorismo. La medida fue comunicada oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, que acusó a Buenos Aires de adoptar una posición hostil y advirtió que el Gobierno argentino deberá asumir las consecuencias de su decisión, profundizando el enfrentamiento diplomático entre ambos países.
“Es evidente que el Gobierno de Argentina será responsable de todas las consecuencias derivadas de esta medida”, sostuvo la Cancillería iraní en el comunicado difundido a través de sus canales oficiales. La declaración no especifica cuáles serían esas consecuencias ni anuncia nuevas sanciones, restricciones operativas o acciones militares contra las fuerzas argentinas. Sin embargo, constituye una nueva respuesta formal de Teherán a la política exterior de Milei, después de las tensiones diplomáticas registradas en abril por la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista.
En su comunicado, Irán sostuvo que la decisión argentina constituye una violación de los principios fundamentales del derecho internacional, al considerar que el CGRI forma parte de las Fuerzas Armadas oficiales de la República Islámica. Para justificar su respuesta, el Gobierno iraní invocó el principio de reciprocidad y una ley nacional aprobada en 2019 que establece contramedidas contra aquellos países que respalden la designación estadounidense de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista.
La declaración alcanza específicamente a dos de las tres fuerzas armadas argentinas: la Armada y la Fuerza Aérea, sin mencionar al Ejército Argentino. La Cancillería iraní tampoco explicó por qué seleccionó a esas instituciones ni precisó qué consecuencias jurídicas o administrativas tendría su incorporación a la categoría de organizaciones terroristas dentro del sistema legal de Irán. La decisión representa, por lo tanto, una clasificación unilateral adoptada por Teherán y no supone que esas fuerzas hayan adquirido tal condición ante otros Estados u organismos internacionales.
Por qué Irán declaró terroristas a dos fuerzas militares argentinas
El origen inmediato de la controversia se encuentra en la decisión anunciada por el Gobierno argentino el 31 de marzo de 2026, cuando la Casa Rosada informó la incorporación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida quedó formalizada mediante la Resolución Conjunta 3/2026 de los ministerios de Seguridad Nacional y Relaciones Exteriores, publicada en el Boletín Oficial el 6 de abril.
Como informó Escenario Mundial en aquella oportunidad, la administración de Milei justificó la designación por los antecedentes judiciales relacionados con los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. El Gobierno argentino sostuvo que las investigaciones nacionales habían identificado la participación de funcionarios iraníes y miembros de la Guardia Revolucionaria en la planificación y el financiamiento de actividades terroristas desarrolladas en territorio argentino.
El atentado contra la Embajada de Israel, perpetrado el 17 de marzo de 1992, provocó 29 muertos y más de 200 heridos. Dos años después, el 18 de julio de 1994, el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) causó 85 fallecidos y centenares de heridos, convirtiéndose en el atentado terrorista más mortífero de la historia del país. La Justicia argentina atribuyó responsabilidades a funcionarios iraníes y miembros de Hezbollah, organización respaldada por Teherán, mientras el Gobierno iraní ha rechazado reiteradamente las acusaciones de participación estatal en esos hechos.
La incorporación del CGRI al RePET habilitó la aplicación de restricciones financieras y operativas dentro de Argentina, destinadas a impedir la utilización del sistema económico nacional para actividades relacionadas con el financiamiento del terrorismo. La decisión también se produjo en un contexto de alineamiento político de Milei con Estados Unidos e Israel, cuyos gobiernos habían impulsado medidas contra la Guardia Revolucionaria por sus actividades militares, políticas y de seguridad dentro y fuera de Irán.
La respuesta iraní no tardó en provocar una nueva crisis bilateral. El 2 de abril, Escenario Mundial informó que Argentina había declarado persona non grata a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de Irán en Buenos Aires, y le había concedido 48 horas para abandonar el país. La Cancillería argentina adoptó aquella decisión después de considerar ofensivas las declaraciones realizadas por Teherán contra las autoridades nacionales y reiteró sus reclamos por la falta de cooperación iraní con las investigaciones judiciales sobre la AMIA.
El nuevo comunicado del 11 de noviembre retoma directamente aquella controversia. Irán sostiene que la Argentina actuó contra una institución militar reconocida por su propio ordenamiento estatal y que, en aplicación de su legislación de reciprocidad, corresponde extender una clasificación equivalente a determinadas fuerzas argentinas. Esa fundamentación expresa la posición jurídica de Teherán, pero no establece por sí misma que las medidas argentinas y las iraníes sean equivalentes bajo el derecho internacional.
Qué consecuencias podría tener la declaración iraní contra la Armada y la Fuerza Aérea argentinas
La decisión incorpora una nueva dimensión al enfrentamiento entre Buenos Aires y Teherán, aunque todavía existen interrogantes sobre sus efectos concretos. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní no anunció sanciones contra oficiales argentinos identificados individualmente, medidas sobre bienes, restricciones de tránsito ni disposiciones específicas sobre embarcaciones o aeronaves militares. Tampoco comunicó cambios operativos de sus Fuerzas Armadas relacionados con Argentina, por lo que la declaración no puede interpretarse como el anuncio de una operación militar contra el país.
La ley iraní invocada fue aprobada en 2019, después de que Estados Unidos incorporara al CGRI a su lista de organizaciones terroristas extranjeras. El texto contempla medidas de respuesta contra aquellos Estados que adopten o respalden esa clasificación, lo que permite al Gobierno de Teherán presentar las nuevas designaciones como parte de un mecanismo de reciprocidad establecido previamente en su legislación nacional.
El antecedente internacional más cercano ocurrió el 1.º de noviembre de 2026, cuando Irán anunció que también consideraba organizaciones terroristas a la Real Armada y la Real Fuerza Aérea británicas. En aquella oportunidad, el Gobierno iraní incluyó además al servicio de inteligencia exterior MI6 entre las entidades calificadas como hostiles, en respuesta a decisiones adoptadas por Londres contra la Guardia Revolucionaria y a su participación en el dispositivo militar occidental desplegado durante la guerra en Medio Oriente.
A diferencia de aquella declaración, el comunicado dirigido contra Argentina no menciona a sus servicios de inteligencia ni incluye acusaciones sobre operaciones militares argentinas en territorio iraní. La fundamentación está concentrada en la decisión administrativa y política de Buenos Aires de clasificar al CGRI como organización terrorista, sin atribuir a la Armada o a la Fuerza Aérea participación directa en acciones contra Teherán.
La controversia se desarrolla mientras continúan las tensiones militares y diplomáticas en Medio Oriente después de la guerra iniciada en febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán. Escenario Mundial informó el 10 de noviembre que Washington reforzó su dispositivo naval en la región con el desplazamiento del portaaviones USS Theodore Roosevelt, en paralelo con nuevas gestiones diplomáticas impulsadas por Donald Trump para alcanzar un acuerdo con Teherán.
En ese escenario, Argentina mantiene una posición de respaldo a Israel y Estados Unidos, además de sus reclamos históricos por los atentados de 1992 y 1994. Durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, Milei volvió a mencionar la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, reafirmando una política que el Gobierno presenta como parte de sus compromisos contra el terrorismo internacional.
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