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Argentina ya recibió $5.381.374.680 durante 2026 en concepto de compensaciones derivadas de sanciones por pesca ilegal dentro de su Zona Económica Exclusiva (ZEE), en procedimientos que alcanzaron a cuatro buques extranjeros identificados por las autoridades nacionales. La última penalización correspondió al Hai Xiang 2, de bandera de Vanuatu, mientras que durante el año también fueron sancionados los pesqueros Bao Feng y Bao Win, bajo el mismo pabellón, y el Coimbra, de Portugal.
La cifra fue informada el 25 de agosto por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, que señaló que los fondos ya fueron recibidos por el Estado y no corresponden simplemente a multas pendientes de cobro. La política combina el monitoreo realizado por la Prefectura Naval Argentina con un nuevo esquema que permite utilizar evidencia electrónica para sostener los expedientes sancionatorios.
El dato agrega una dimensión económica concreta a un problema que Escenario Mundial viene siguiendo en el Atlántico Sur. Escenario Mundial analizó el 9 de agosto cómo se cruzan la milla 201, las licencias pesqueras británicas en Malvinas y el control de los recursos marítimos. La novedad ahora está específicamente dentro de las aguas sometidas a jurisdicción argentina: cuatro buques sancionados y más de $5.381 millones recuperados en lo que va de 2026.
El Hai Xiang 2 recibió una sanción de $1.833 millones
El procedimiento más reciente corresponde al Hai Xiang 2, identificado con bandera de Vanuatu.
El Gobierno informó el 7 de agosto que la empresa propietaria recibió sanciones por $1.833 millones, equivalentes a un millón de Unidades de Pesca, después de que el buque fuera detectado operando dentro de la ZEE argentina. Fue presentado oficialmente como el cuarto pesquero extranjero sancionado durante 2026.
Su detección se había producido meses antes. Durante marzo, la Prefectura registró al entonces identificado como Hai Xing 2 navegando con una velocidad media cercana a 4,3 nudos y manteniendo patrones de desplazamiento considerados compatibles con actividad pesquera.
La nueva normativa utiliza justamente variables como velocidad, rumbo, permanencia y maniobras para determinar si un buque que ingresó en aguas argentinas presenta comportamientos compatibles con tareas extractivas.
Esto permite avanzar administrativamente incluso cuando la embarcación ya salió de la ZEE y sin depender exclusivamente de una intercepción física en el mar.
El Bao Feng fue multado con más de $1.262 millones
Uno de los primeros casos del año correspondió al Bao Feng, también registrado bajo bandera de Vanuatu.
La embarcación fue detectada el 10 de enero mientras navegaba a menos de seis nudos y realizaba maniobras de arrastre dentro de la Zona Económica Exclusiva.
A partir de la evidencia recopilada, las autoridades instruyeron un sumario en ausencia y aplicaron una sanción superior a $1.262 millones, además del cobro de gastos operativos por más de $799.000.
El caso adquirió relevancia adicional porque el mismo pesquero volvió posteriormente a ser observado en situación irregular.
Otro de los buques alcanzados fue el Bao Win, igualmente bajo pabellón de Vanuatu. La Prefectura registró desplazamientos a baja velocidad y movimientos reiterados que las autoridades consideraron compatibles con actividades extractivas dentro de la ZEE.
El comunicado del Ministerio de Economía conocido esta semana confirma ahora que tanto el Bao Feng como el Bao Win forman parte de los buques efectivamente sancionados durante 2026.
El Coimbra ingresó unos 700 metros dentro de aguas argentinas
El cuarto caso corresponde al Coimbra, un arrastrero de bandera portuguesa detectado por la Prefectura el 17 de abril.
La embarcación había ingresado aproximadamente 700 metros dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina y navegaba a una velocidad promedio de 4,9 nudos. El análisis de su trayectoria indicó patrones compatibles con una operación de pesca por arrastre.
El procedimiento adquirió particular relevancia porque fue uno de los primeros expedientes desarrollados utilizando los nuevos criterios electrónicos establecidos durante 2026.
Según explicó posteriormente el Ministerio de Economía, la evidencia obtenida por el Sistema Guardacostas permitió sostener el expediente sin necesidad de que una unidad argentina sorprendiera físicamente al buque con sus redes desplegadas.
El Coimbra figura ahora oficialmente entre las cuatro embarcaciones sancionadas cuyos procedimientos contribuyeron al monto acumulado informado por el Gobierno.
Argentina cambió este año la forma de probar una incursión pesquera
Una de las claves detrás de las nuevas sanciones es el cambio de criterio implementado en febrero.
La Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca estableció parámetros objetivos para identificar electrónicamente conductas compatibles con pesca no autorizada dentro de la ZEE argentina.
El esquema incorpora información generada por el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, que integra datos de posicionamiento y tráfico marítimo y permite reconstruir velocidades, rumbos y movimientos de las embarcaciones.
De esta manera, un buque extranjero que ingresa sin autorización y desarrolla movimientos compatibles con operaciones pesqueras puede quedar sometido a un expediente aun cuando no sea capturado físicamente por una unidad de superficie.
El cambio es importante para un espacio marítimo de gran extensión, donde la vigilancia permanente mediante buques y aeronaves presenta limitaciones operativas y económicas.
Argentina mantiene paralelamente operaciones de vigilancia mediante la Prefectura Naval y las Fuerzas Armadas. Durante 2026, por ejemplo, el Comando Conjunto Marítimo volvió a desarrollar las operaciones Mare Nostrum, utilizando buques y aeronaves de la Armada Argentina para controlar la ZEE y los movimientos de las flotas extranjeras en sus proximidades.
Pescar fuera de la milla 200 no es lo mismo que ingresar ilegalmente en la ZEE
La cifra informada por el Gobierno requiere también distinguir dos escenarios que suelen aparecer juntos cuando se habla de pesca extranjera en el Atlántico Sur.
Fuera de la Zona Económica Exclusiva argentina, más allá de las 200 millas náuticas, se extienden aguas internacionales donde operan durante cada temporada cientos de pesqueros extranjeros. La captura allí puede generar problemas ambientales, de sostenibilidad y de pesca no declarada o no reglamentada, pero no constituye automáticamente una violación de la jurisdicción pesquera argentina.
Los cuatro casos sancionados durante 2026 son diferentes: las autoridades sostienen que los buques ingresaron efectivamente dentro de la ZEE y desarrollaron conductas compatibles con tareas de pesca sin autorización argentina.
Ese límite vuelve especialmente compleja la vigilancia de la denominada milla 201. Grandes concentraciones de embarcaciones permanecen inmediatamente fuera de la ZEE y cualquier incursión obliga a Argentina a detectar rápidamente el cruce y reunir evidencia suficiente para sostener una eventual sanción.
La cuestión se conecta además con la presión sobre especies migratorias del Atlántico Sudoccidental, entre ellas el calamar Illex argentinus, que se desplaza entre aguas argentinas, alta mar y los espacios marítimos alrededor de las Islas Malvinas.
Las sanciones convierten el control del Mar Argentino en un recupero económico concreto
Hasta ahora, el principal dato de 2026 es el resultado financiero del nuevo esquema.
El Gobierno no informó solamente cuánto impuso en multas, sino cuánto ya ingresó al Estado en concepto de compensaciones: $5.381.374.680.
La cifra todavía puede aumentar antes del cierre del año si se completan nuevos procedimientos o aparecen otras incursiones.
Más allá del monto, los cuatro expedientes muestran una modificación en la forma en que Argentina intenta controlar un espacio marítimo de enormes dimensiones. Bao Feng, Bao Win, Hai Xiang 2 y Coimbra fueron detectados a partir de sus movimientos dentro de la ZEE y terminaron alcanzados por sanciones sin que el sistema dependiera exclusivamente de capturarlos físicamente mientras realizaban la maniobra.
Para un país que enfrenta cada temporada la presencia de una gran flota extranjera inmediatamente del otro lado de las 200 millas, el resultado de 2026 aporta por primera vez una cifra concreta a esa política de control: más de $5.381 millones recuperados de infractores extranjeros por ingresar y operar dentro de aguas sometidas a jurisdicción pesquera argentina.
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