La posibilidad de que una falla simultánea afecte varios cables submarinos en el Atlántico Sur podría dejar a parte de América Latina desconectada durante semanas. La advertencia surge del informe elaborado por el Órgano Asesor Internacional sobre la Resiliencia de los Cables Submarinos, creado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que identifica a la región como una de las más vulnerables del mundo debido a la escasa disponibilidad de buques especializados en reparaciones y a los prolongados tiempos de respuesta ante emergencias. En un escenario donde el 99% del tráfico intercontinental de datos circula por cables submarinos, el organismo sostiene que la resiliencia de esta infraestructura constituye un asunto estratégico para la seguridad, la economía y la conectividad global.
Como antecedente, el informe recuerda la erupción volcánica ocurrida en Tonga en enero de 2022, cuando el único cable submarino que conectaba al archipiélago con el resto del mundo quedó inutilizado. La interrupción dejó al país aislado durante 38 días y afectó las comunicaciones, las operaciones financieras y el envío de remesas, que representaban cerca del 40% de su Producto Interno Bruto (PIB). Para la UIT, este episodio demostró las consecuencias que puede generar la dependencia de una única vía de conexión y puso de relieve la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta frente a interrupciones de infraestructura crítica.
¿Qué factores aumentan el riesgo de una interrupción crítica?
Entre las principales conclusiones, el organismo advierte que los tiempos de reparación se incrementaron de forma considerable durante la última década. Entre 2012 y 2024, el promedio para restablecer un cable pasó de menos de veinte días a más de cincuenta. Según el reporte, esta demora no responde a limitaciones tecnológicas, sino principalmente a procedimientos regulatorios complejos, demoras en la obtención de permisos marítimos, restricciones derivadas de las normas de cabotaje, procesos aduaneros poco coordinados y la escasez de embarcaciones especializadas. Actualmente existen alrededor de 70 buques con capacidad técnica para intervenir este tipo de infraestructura, aunque únicamente entre 20 y 25 permanecen disponibles de manera permanente para tareas de reparación.
En este sentido, el estudio también señala que aproximadamente el 80% de las fallas registradas en cables submarinos son consecuencia de actividades humanas, principalmente la pesca comercial mediante redes de arrastre y el desprendimiento de anclas de buques mercantes. Cada año se producen entre 150 y 200 incidentes de este tipo a nivel mundial. Como ejemplo del impacto que pueden provocar estas interrupciones, el informe recuerda la falla múltiple registrada frente a la costa occidental de África durante 2024, donde uno de los países afectados sufrió pérdidas comerciales estimadas en 590 millones de dólares en apenas cuatro días de interrupción de los servicios digitales.
El Atlántico Sur como un área especialmente vulnerable
En el caso de América Latina, la UIT identifica al Atlántico Sur y al Pacífico sudoriental como áreas especialmente vulnerables debido al déficit de infraestructura destinada a la reparación de cables submarinos. A diferencia de Europa y el Indo-Pacífico, que concentran cerca del 80% de la flota mundial especializada, la región carece de embarcaciones posicionadas de forma permanente para responder a este tipo de contingencias. Como consecuencia, la movilización de recursos puede demorar entre diez y catorce días, o incluso más, prolongando los tiempos de recuperación. En ese contexto, el organismo advierte que una falla simultánea sobre varios cables podría superar la capacidad de respuesta disponible y mantener desconectadas determinadas zonas del Atlántico Sur durante semanas.
Otro de los riesgos identificados es la concentración geográfica de las rutas submarinas. El informe explica que los operadores privados suelen instalar nuevos cables sobre corredores ya existentes porque esto significa disminuir entre un 15% y un 30% los costos iniciales de infraestructura terrestre y de la tramitación regulatoria. Sin embargo, esa lógica fortalece la dependencia de determinados puntos críticos y limita la disponibilidad de rutas alternativas. Por ese motivo, la UIT considera necesario promover mecanismos de inversión entre el sector público y el privado para desarrollar nuevas conexiones geográficamente diversas, especialmente en regiones donde esto no resulta comercialmente rentable, pero sí estratégico para garantizar la continuidad de las comunicaciones.
Inversión estatal y privada cooperando para prevenir las posibles contingencias
Como parte de esa estrategia, el informe destaca iniciativas impulsadas en América Latina para fortalecer la resiliencia de esta infraestructura crítica. Entre ellas menciona el proyecto Humboldt Connect, desarrollado mediante una empresa conjunta entre el Estado chileno y Google; las medidas adoptadas por Perú para facilitar la inversión extranjera en infraestructura submarina; la creación del Comité Brasileño de Protección de Cables Submarinos, integrado por organismos públicos, la Armada, el regulador y representantes de la industria; y las zonas de protección establecidas por Colombia y Uruguay para restringir el fondeo de embarcaciones y la pesca de arrastre sobre las rutas de los cables, complementadas con sistemas de monitoreo capaces de advertir a los buques cuando se aproximan a esas áreas sensibles.
Finalmente, el Órgano Asesor Internacional propone una hoja de ruta que busca reforzar la resiliencia de los sistemas submarinos. Entre sus recomendaciones figuran la creación de ventanillas únicas para agilizar los permisos de reparación, el desarrollo de esquemas de financiamiento conjunto entre gobiernos, operadores y bancos multilaterales, el establecimiento de centros regionales con embarcaciones y repuestos estratégicos preposicionados, la implementación de seguros para acelerar las reparaciones después de desastres naturales y la incorporación de tecnologías de monitoreo inteligente capaces de detectar riesgos en tiempo real. Por último, el informe subraya la necesidad de integrar el riesgo climático en la planificación de nuevas infraestructuras y de fortalecer la cooperación entre Estados, los organismos reguladores y la industria. En conjunto, las recomendaciones reflejan que la protección de los cables submarinos se consolidó como una prioridad de política internacional vinculada a la seguridad, la conectividad y la soberanía digital.
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