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La Unión Europea autorizó a buques militares de la Operación IRINI a detener e inspeccionar embarcaciones sospechadas de transportar petróleo ruso y evadir sanciones occidentales. Moscú denunció la medida como una amenaza a la seguridad marítima y anticipó que defenderá sus intereses por vías políticas, legales y otros medios.
Rusia condenó la decisión de la Unión Europea de autorizar a sus buques militares en el Mediterráneo a detener e inspeccionar embarcaciones sospechadas de integrar la llamada “flota fantasma” rusa, utilizada para transportar petróleo y eludir las sanciones occidentales impuestas por la guerra en Ucrania.
La medida amplía el alcance operativo de la Operación IRINI, la misión naval europea desplegada en el Mediterráneo y originalmente enfocada en hacer cumplir el embargo de armas de Naciones Unidas sobre Libia. Ahora, esa herramienta también podrá ser utilizada para controlar buques sospechados de participar en redes de evasión de sanciones vinculadas al petróleo ruso.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia rechazó la decisión europea y sostuvo que se trata de una acción intimidatoria contra la navegación civil. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, afirmó que Moscú considera ilegítimo el uso del concepto de “flota fantasma” y advirtió que Rusia defenderá sus intereses marítimos por vías políticas, legales y otros medios disponibles.
La disputa abre un nuevo frente dentro de la guerra económica entre Rusia y Occidente. Hasta ahora, buena parte de la presión europea contra Moscú se concentraba en sanciones financieras, restricciones comerciales, límites al precio del petróleo, congelamiento de activos y prohibiciones sobre empresas, bancos y funcionarios. Con esta decisión, la Unión Europea busca trasladar parte de esa presión al terreno marítimo, donde circulan los buques que permiten sostener los ingresos energéticos rusos.
La llamada flota fantasma rusa está compuesta por buques petroleros de propiedad opaca, registros cambiantes, banderas de conveniencia y estructuras empresariales difíciles de rastrear. Su función principal es mantener el flujo de crudo y derivados rusos hacia terceros mercados, incluso cuando esas operaciones intentan esquivar restricciones impuestas por la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y otros socios occidentales.
Para Bruselas, el problema no es únicamente económico. Estos buques también representan un desafío de seguridad marítima. Muchas de las embarcaciones señaladas por los países occidentales son petroleros antiguos, con seguros difíciles de verificar, documentación irregular y trayectorias que dificultan el seguimiento. En caso de accidente, derrame o incidente en aguas europeas, el costo político, ambiental y operativo podría recaer sobre los Estados costeros.
El Mediterráneo aparece ahora como un escenario clave. No se trata solamente de una ruta marítima más, sino de un espacio que conecta Europa, el norte de África, el mar Negro, el canal de Suez y las rutas hacia Asia. Si la Unión Europea logra aumentar los controles en esa zona, podría elevar el costo de operación de la flota fantasma rusa y reducir el margen de maniobra de las redes que sostienen el comercio energético de Moscú.
Para Rusia, en cambio, la medida europea representa un salto peligroso. Moscú sostiene que detener e inspeccionar buques extranjeros bajo sospecha de transportar petróleo ruso puede vulnerar normas de navegación internacional y abrir la puerta a acciones arbitrarias contra embarcaciones civiles. La respuesta rusa busca instalar una lectura política: que la UE no estaría defendiendo el derecho internacional, sino militarizando la aplicación de sanciones.
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