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El reclamo de Argentina ante el Tribunal del Mar por la cuestión Malvinas inició este martes 10 de noviembre de 2026 en Hamburgo, Alemania, con la apertura formal de los alegatos orales del Caso 37 para exigir la parálisis inmediata del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. La solicitud, presentada formalmente el 13 de octubre, invocó el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) para requerir medidas cautelares urgentes ante las operaciones unilaterales del Reino Unido en el Atlántico Sudoccidental.
La delegación argentina en Alemania estuvo encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal, junto al director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, Mario Oyarzábal, el especialista en derecho internacional Marcelo Kohen —exjuez ad hoc del TIDM— y la destacada autoridad académica en soberanía de recursos Nico Schrijver. El equipo oficial se completó con la embajadora argentina en Alemania, Bettina Pasquali de Fonseca, el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija, y el subprocurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla.
Los argumentos de Buenos Aires, el precedente de Ghana y la defensa de la plataforma continental
Durante la sesión matutina, la estrategia jurídica argentina estructuró su presentación sobre la ilegitimidad de que una reducida población local disponga unilateralmente de recursos estratégicos bajo una controversia internacional de soberanía aún pendiente. El embajador Mario Oyarzábal enfatizó al inicio de su alocución ante los magistrados que “los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa”. Para fundamentar la desproporción de la medida británica, Oyarzábal detalló que el censo de 2021 registró únicamente 3.142 residentes habituales en el archipiélago, de los cuales solo 1.625 poseen el denominado Falkland Islands Status, un estatus administrativo otorgado discrecionalmente por el Gobernador designado por la Corona británica y no un derecho de nacimiento. Frente a esto, la representación argentina remarcó que los recursos pertenecen a todo el pueblo argentino —aproximadamente 46 millones de personas, incluidos los 1.247 habitantes nacidos en las Islas— cuyos intereses se tendrán debidamente en cuenta en virtud del principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales.
En el plano del derecho internacional estricto, Marcelo Kohen expuso los cimientos normativos de la demanda apoyándose en las resoluciones de la Asamblea General de la ONU 2065 de 1965 y 31/49 de 1976, las cuales prohíben expresamente la introducción de modificaciones unilaterales mientras subsista la disputa de soberanía. Kohen remarcó ante el tribunal que la Argentina pretende proteger sus derechos sobre los espacios marítimos en virtud de la Convemar a la espera de la resolución de fondo del litigio territorial, recordando la máxima jurídica de que “la tierra domina al mar”.
La elección de Kohen para liderar la argumentación respondió a su probada trayectoria en el órgano de Hamburgo, donde representó exitosamente a la Argentina en el histórico caso de la fragata ARA Libertad retenida en Ghana en 2012, oportunidad en la que el TIDM sentó un antecedente directo al dictar medidas cautelares provisionales que ordenaron la inmediata liberación del buque militar.
Asimismo, el letrado sostuvo que numerosos Estados que reconocen la soberanía argentina respaldan la plausibilidad de sus derechos sobre la plataforma continental, advirtiendo que el petróleo es un recurso no renovable cuya extracción generaría un perjuicio irreparable que una sentencia posterior no podría restituir, invocando además los artículos 192 y 194 de la Convemar sobre protección del medio marino.
El alegato del Reino Unido y la controversia por la jurisdicción
En el turno vespertino, la representación del Reino Unido abrió su exposición oral encabezada por la funcionaria Sally Langrish, secundada por la Procuradora General británica Ellie Reeves y los asesores legales Michael Wood y Samuel Wordsworth. La postura de Londres buscó centrar la discusión en la supuesta falta de competencia del órgano judicial de Hamburgo para intervenir en el diferendo territorial.
Antes del inicio de la vista oral, Reeves declaró a la prensa que su país respeta las leyes internacionales, pero sostiene firmemente que el TIDM carece de jurisdicción para escuchar demandas ligadas a la soberanía territorial.
En la sala de audiencias, la exposición británica trazó una reconstrucción histórica donde se mencionó el asentamiento de 1765, se pasaron por alto los hechos de la usurpación de 1833, se hizo foco en el conflicto bélico de 1982 y se procuró legitimar la actividad hidrocarburífera apoyándose en el referéndum local de 2013. A su vez, el asesor Michael Wood enfocó su intervención en encuadrar el diferendo como una disputa territorial ajena a la Convemar, mientras que el letrado Samuel Wordsworth utilizó una declaración previa del canciller argentino Quirno para intentar argumentar una contradicción en la posición de Buenos Aires al separar la discusión soberana del reclamo por recursos.
Esta ofensiva judicial británica coincidió con el arribo a las Islas Malvinas el pasado 9 de noviembre de la princesa Ana —hermana del rey Carlos III— en una visita oficial consignada en el registro de la Casa Real británica.
Las cuatro medidas cautelares, los tres escenarios y el desenlace del proceso
El reclamo promovido por el gobierno argentino solicita al Tribunal del Mar la adopción urgente de cuatro medidas cautelares concretas mientras se constituye el tribunal arbitral de fondo. Las solicitudes abarcan ordenar al Reino Unido que impida el inicio o la continuación de las operaciones de explotación hidrocarburífera en el proyecto Sea Lion, congelar el otorgamiento de nuevas licencias de exploración o explotación, preservar e impedir el uso en beneficio británico de la información técnica obtenida durante las exploraciones, y garantizar la protección efectiva del medio marino.
En términos procedimentales, dado que Argentina optó por el TIDM y el Reino Unido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como foros bajo la Convemar, el fondo del litigio será resuelto por un tribunal arbitral del Anexo VII de la Convemar, lo que acota la actuación actual del TIDM al dictado exclusivo de las medidas provisionales. En este marco, tras la excusación de la jueza permanente argentina Frida María Armas Pfirter, el lunes 9 de noviembre prestaron juramento los jueces ad hoc Raúl Vinuesa por Argentina y Vaughan Lowe por el Reino Unido para completar la integración del tribunal.
Frente al inminente veredicto, el Gobierno argentino contempla tres escenarios probables: una aceptación total de la cautelar que paralice las obras, una acogida parcial de los puntos presentados, o una desestimación por falta de jurisdicción prima facie, siendo esta última la opción considerada más improbable por juristas internacionales dada la solidez técnica del planteo y la falta de antecedentes de rechazo en este tipo de medidas provisionales.
Tras la finalización de las audiencias orales el miércoles 11 de noviembre, el Tribunal del Mar ingresará en su etapa deliberativa con la previsión de dictar su resolución hacia mediados de diciembre de 2026, una decisión que Londres ya se comprometió a acatar. De este modo, el pronunciamiento de Hamburgo se convertirá en el factor determinante para el futuro del proyecto Sea Lion —operado por las petroleras Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration a 198 kilómetros al norte de las islas sobre un bloque de 541 kilómetros cuadrados—, cuyo cronograma fija el inicio de las perforaciones para enero de 2027, dejando al derecho internacional como el árbitro definitivo que congelará o validará las pretensiones energéticas británicas en el Atlántico Sur.
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