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El presidente Javier Milei afirmó este 21 de octubre que la ocupación británica de las Islas Malvinas representa “un riesgo para la región” y para el control del Atlántico Sur, al tiempo que ratificó que Argentina continuará reclamando la soberanía por la vía diplomática y volvió a advertir que las empresas que participen de negocios en el archipiélago no podrán operar en sectores estratégicos del territorio continental argentino.
Las declaraciones fueron realizadas durante una exposición en el Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, donde Milei respondió preguntas sobre la política argentina hacia Malvinas. “Las Malvinas son argentinas, por derecho, por historia y por geografía”, sostuvo el mandatario, antes de asegurar que esa posición “no está bajo ningún tipo de discusión”.
Milei descartó expresamente una salida militar y señaló que el Gobierno mantendrá el reclamo dentro de los canales diplomáticos. “Nosotros no creemos en las soluciones bélicas. Es un reclamo de tipo diplomático”, afirmó, y agregó que Argentina continuará negociando hasta recuperar el ejercicio de soberanía sobre las islas.
El punto más novedoso de su intervención llegó cuando vinculó la presencia británica en el archipiélago con el escenario estratégico del Atlántico Sur. “Consideramos que los riesgos geopolíticos, demográficos, que está experimentando Gran Bretaña representan un riesgo para la región, el control del Atlántico Sur”, aseguró.
La formulación amplía el argumento que el Gobierno viene utilizando durante los últimos meses. A la disputa de soberanía, la explotación unilateral de recursos naturales y la presencia militar británica, Milei agregó ahora una advertencia sobre los efectos que la evolución interna y geopolítica del Reino Unido podría tener sobre un territorio situado en un espacio estratégico para Argentina.
Milei vuelve a vincular Malvinas con el acceso a Vaca Muerta
El Presidente acompañó esa definición con otra advertencia dirigida a las compañías que desarrollen actividades en las islas bajo autorización británica. “Aquellos que quieran hacer negocios en Malvinas a alto riesgo, no les vamos a permitir hacer negocios a bajo riesgo dentro del continente. No podrán hacer negocios en Vaca Muerta, es muy simple”, sostuvo.
La declaración retoma una línea que la administración de Milei comenzó a traducir en medidas concretas durante este año. En septiembre, Escenario Mundial informó que el Gobierno había abierto 60 procedimientos sancionatorios contra personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas, presentado una denuncia penal contra Navitas Petroleum y otros actores relacionados con Sea Lion y conectado el cumplimiento de la legislación argentina con el acceso a beneficios como el RIGI.
Esa presión ya produjo efectos dentro del proyecto petrolero Sea Lion. A comienzos de octubre, Navitas reconoció que debía reemplazar a dos contratistas mientras advertía sobre el riesgo de que otros proveedores decidieran apartarse del desarrollo.
La advertencia presidencial sobre Vaca Muerta apunta precisamente a esa red de empresas internacionales. El Gobierno busca elevar el costo de participar en actividades que considera ilegales en Malvinas utilizando como contrapeso el acceso al mercado argentino, a sus recursos energéticos y a proyectos de inversión dentro del territorio continental.
No se trata solamente de una declaración política. El esquema sancionatorio argentino contempla restricciones para personas y compañías involucradas directa o indirectamente en exploración y explotación de hidrocarburos sin autorización argentina en las áreas reclamadas.
El Atlántico Sur vuelve al centro del argumento argentino
Las palabras de Milei llegan mientras la disputa por Sea Lion atraviesa su etapa jurídica más intensa. Argentina inició a fines de septiembre un arbitraje contra Reino Unido bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y posteriormente solicitó medidas provisionales para intentar impedir el avance de la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias sobre el pedido argentino, mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá tratar la controversia planteada por Buenos Aires.
La posición argentina sostiene que Reino Unido no puede autorizar unilateralmente actividades destinadas a modificar la situación de los recursos naturales en áreas cuya soberanía continúa en disputa. Londres rechaza esa interpretación y mantiene su respaldo al desarrollo de Sea Lion.
A esa dimensión económica y jurídica se suma la presencia militar británica en el archipiélago, concentrada principalmente en la base de Monte Agradable, donde Reino Unido mantiene cazas Eurofighter Typhoon, sistemas de defensa aérea, radares, tropas de rotación y medios logísticos, además del patrullero HMS Medway asignado al Atlántico Sur.
En los últimos días, ese componente volvió a aparecer públicamente en Londres. El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, aseguró ante la Cámara de los Comunes que Reino Unido está “perfectamente capacitado” para defender Malvinas, después de que un diputado cuestionara la capacidad militar disponible para sostener las islas.
Milei colocó ahora el argumento argentino sobre otro plano. Al reiterar que Buenos Aires no busca una solución militar, definió la continuidad de la ocupación británica como un problema de seguridad y estabilidad regional vinculado al control del Atlántico Sur, al mismo tiempo que prometió mantener la presión diplomática, jurídica y económica.
La posición oficial argentina sigue asentada en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, mientras Reino Unido mantiene la administración y el control efectivo del archipiélago.
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