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El Gobierno de Chile salió a aclarar su posición sobre las Islas Malvinas después de las declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, y reiteró que la política exterior es definida por el Presidente y la Cancillería, al tiempo que ratificó el respaldo chileno al reclamo argentino y defendió el derecho de empresas y ciudadanos del país a desarrollar actividades comerciales desde sus puertos.
La definición fue formulada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, después de que los dichos de Barros generaran repercusiones tanto en Argentina como dentro del propio Gobierno chileno. El ministro de Defensa había afirmado que Reino Unido “ejerce soberanía” sobre Malvinas como una “situación de hecho” y planteado que una eventual solución debía considerar la “voluntad e interés” de las personas involucradas.
Pavez sostuvo que cualquier confusión en materia de política exterior debía ser aclarada y remarcó que esa línea corresponde al Presidente José Antonio Kast y al canciller Francisco Pérez Mackenna. Al mismo tiempo, reafirmó que Chile mantiene su respaldo al reclamo argentino y que la controversia debe resolverse pacíficamente y conforme al derecho internacional.
“Desde el año 1992, Chile ha ratificado el apoyo a la reclamación argentina sobre las Malvinas y que eso tiene que perseguirse conforme al derecho internacional, pacíficamente”, señaló el subsecretario. En paralelo, defendió que ciudadanos y empresas chilenas puedan realizar actividades económicas y comerciales desde los puertos del país mientras se ajusten a la legislación vigente.
La Moneda fija la posición después de los dichos de Barros
Las aclaraciones se produjeron después de que las declaraciones del titular de Defensa provocaran incomodidad en la Cancillería chilena. Según informó Ex-Ante, el Ministerio de Relaciones Exteriores transmitió su posición a La Moneda luego de conocer las expresiones de Barros, que se alejaban de la formulación utilizada públicamente por el Gobierno sobre la disputa.
Escenario Mundial había informado el domingo que Barros respaldó la reactivación del comercio entre Punta Arenas y Malvinas y describió la presencia británica como una “situación de hecho”. También se refirió a Reino Unido como un “país amigo” y sostuvo que cualquier solución debía considerar la voluntad y los intereses de las personas involucradas.
Horas después, el canciller Francisco Pérez Mackenna volvió a exponer la posición oficial durante su interpelación en la Cámara de Diputados chilena. Allí sostuvo que existe una política de Estado que reconoce el “legítimo derecho de Argentina a la soberanía en las Islas Malvinas”.
Esa formulación coincide con la declaración conjunta firmada por Kast y Javier Milei el pasado 3 de septiembre, cuando Chile reiteró su respaldo a los “legítimos derechos de soberanía de la República Argentina” sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, además de pedir la reanudación de las negociaciones entre Buenos Aires y Londres. La aclaración oficial, sin embargo, no implica que Santiago vaya a frenar el desarrollo de vínculos comerciales entre Magallanes y las islas.
Chile separa el reclamo argentino del comercio desde sus puertos
Pavez sostuvo que no existe una contradicción entre respaldar diplomáticamente la posición argentina y permitir que ciudadanos o empresas chilenas desarrollen negocios con las islas. “La posición del Gobierno es que nuestros ciudadanos pueden realizar cualquier actividad económica y comercial desde nuestros puertos”, afirmó, vinculando esa posibilidad con los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico chileno.
La definición llega mientras Punta Arenas intenta ampliar de manera concreta sus vínculos económicos con Malvinas. Este lunes, Escenario Mundial informó que alrededor de 80 empresas participaron de una rueda de negocios en Punta Arenas, con una delegación llegada desde las islas y compañías chilenas interesadas en sectores como alimentos, construcción, logística, transporte, agricultura y maquinaria.
La actividad comercial acompaña además el proyecto para restablecer una ruta marítima regular entre Punta Arenas y Puerto Argentino, cuyo primer viaje está previsto para noviembre y sería operado por una empresa naviera chilena. La cuestión adquirió mayor sensibilidad después de que el Gobierno argentino anunciara el domingo medidas contra Thales UK Limited por operaciones aéreas entre Malvinas y Punta Arenas que Buenos Aires considera realizadas sin autorización argentina.
Milei ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas contra la compañía británica, dentro de un comunicado que también incluyó el inicio de un arbitraje contra Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion.
Magallanes endurece la defensa de sus vínculos comerciales
La discusión se trasladó este martes al Senado chileno. El senador por Magallanes Karim Bianchi defendió públicamente la posibilidad de que Punta Arenas desarrolle negocios con Malvinas y sostuvo que esa relación comercial debe analizarse por separado del respaldo histórico de Chile al reclamo argentino.
“Nosotros podemos tener una visión, una colaboración, reivindicar la causa argentina, pero eso no tiene nada que ver con que Magallanes busque hacer negocios con otros países”, afirmó el legislador, quien además cuestionó que Buenos Aires pretenda condicionar los vínculos económicos de la región austral chilena.
Bianchi sostuvo que Magallanes necesita ampliar sus mercados y que los acuerdos comerciales con las islas no implican necesariamente un cambio en la posición chilena sobre la controversia de soberanía. Sus declaraciones profundizan un debate que durante las últimas semanas dejó de limitarse a la relación bilateral entre los gobiernos de Chile y Argentina y comenzó a involucrar directamente a autoridades políticas y actores económicos de Magallanes.
La posición fijada ahora por La Moneda mantiene esas dos líneas separadas: Chile continúa respaldando oficialmente el reclamo argentino y una solución negociada con Reino Unido, pero no considera que ese apoyo impida a sus ciudadanos y empresas desarrollar actividades comerciales legales desde los puertos chilenos.
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