El patrullero británico Lilibet fue detectado operando en las inmediaciones de Puerto Deseado, dentro de la confluencia estratégica entre la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), las aguas en litigio de las Islas Malvinas y el alta mar, donde supervisa a una flota de arrastreros españoles dedicados a la pesca con base logística en Montevideo. En este sentido, el buque de 50,02 metros de eslora —que navega bajo pabellón del Reino Unido— cumple funciones de patrullaje pesquero contratada de forma directa por la administración colonial del archipiélago para controlar la actividad extractiva internacional.
En este sentido, la presencia de la embarcación responde a las tareas de supervisión sobre las flotas extranjeras que operan bajo licencias unilaterales otorgadas en Malvinas. Por un lado, la administración británica de las islas proyectó ingresos netos de £16,8 millones en 2026 mediante la concesión de permisos para la captura del calamar Illex argentinus a una flota estimada en 107 poteros. Asimismo, la pesquería del calamar Loligo —explotada principalmente por sociedades vinculadas a empresas de Galicia— moviliza otros 16 grandes arrastreros bajo concesiones de largo plazo.
Este despliegue naval en la milla 201 se enmarca en un complejo entramado económico donde la actividad pesquera representa cerca del 40% del producto interno de las Islas Malvinas y financia de forma sustancial a la administración local mediante la comercialización de licencias. Sin embargo, la estructura británica busca expandirse hacia la explotación hidrocarburífera en el yacimiento Sea Lion dentro de la Cuenca Malvinas Norte, proyecto liderado por las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
La reciente decisión de prorrogar las licencias petroleras por cinco años y autorizar la cesión del 65% del bloque adyacente PL001 provocó un firme rechazo de la Cancillería argentina a través del canciller Pablo Quirno, al tiempo que el Poder Ejecutivo nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para establecer duras sanciones administrativas y penas de hasta 20 años de prisión a empresas y proveedores no autorizados.
En paralelo al frente regulatorio e industrial, la disputa por la soberanía alcanzó una inédita escalada en el plano diplomático multilateral durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. En un hecho sin antecedentes recientes, el primer ministro británico Andy Burnham introdujo explícitamente la defensa del estatus de las islas dentro de su discurso ante la ONU, luego de haber abordado el tema en una reunión bilateral con el presidente estadounidense Donald Trump.
Frente a esta postura británica que invoca la autodeterminación, el presidente argentino Javier Milei expondrá ante el mismo auditorio el reclamo imprescriptible sobre las Malvinas respaldado en la Resolución 2065 y en las declaraciones del Comité de Descolonización.
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