Los principales partidos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaron este lunes un acuerdo conjunto para impulsar cambios constitucionales dentro del Reino Unido y reclamaron al Gobierno británico que no obstaculice el derecho de sus poblaciones a decidir su futuro. El documento coloca en el centro un concepto especialmente sensible para la Argentina: la autodeterminación, el mismo principio que Londres utiliza para sostener su posición sobre las Islas Malvinas y rechazar la reapertura de negociaciones de soberanía.
El memorándum fue firmado en Cardiff por John Swinney, líder del Scottish National Party (SNP) y primer ministro escocés; Rhun ap Iorwerth, líder de Plaid Cymru y primer ministro galés; y las dirigentes de Sinn Féin Michelle O’Neill y Mary Lou McDonald. Los tres movimientos persiguen objetivos constitucionales diferentes —independencia para Escocia y Gales y reunificación de Irlanda en el caso de Sinn Féin—, pero acordaron coordinar sus estrategias frente a Westminster.
El texto sostiene que cada una de esas naciones tiene derecho a determinar democráticamente su propio futuro y afirma que ningún Gobierno de Westminster debería poder bloquear ese proceso. También reclama expresamente que Londres se prepare para “planificar y facilitar” cambios constitucionales en las tres jurisdicciones. Para los firmantes, la llegada simultánea de gobiernos nacionalistas a Escocia, Gales e Irlanda del Norte constituye una señal de que la estructura política del Reino Unido está entrando en una nueva etapa.
El documento no menciona a las Islas Malvinas ni fija una posición conjunta respecto de la disputa entre la Argentina y el Reino Unido. Sin embargo, su énfasis sobre la autodeterminación introduce un cruce directo con uno de los argumentos fundamentales que Londres utiliza en el Atlántico Sur, precisamente cuando el Gobierno de Javier Milei acaba de endurecer su rechazo a que ese principio sea empleado para resolver la controversia de soberanía.
“Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación”
El memorándum parte de una premisa explícita: Escocia, Gales e Irlanda poseen historias, identidades y tradiciones políticas diferentes y sus habitantes deben poder decidir democráticamente su futuro. Los partidos también acordaron profundizar la cooperación en economía, energía y relaciones con Europa, y cuestionaron el modelo político y económico dirigido desde Westminster.
Pero el apartado constitucional es el de mayor alcance político. El SNP busca una nueva consulta sobre la independencia escocesa después del referéndum de 2014; Plaid Cymru defiende la creación de un Estado galés independiente; mientras Sinn Féin pretende poner fin a la división de Irlanda y avanzar hacia la reunificación con la República de Irlanda.
El acuerdo sostiene además que existe un creciente impulso detrás de esos proyectos y declara que “el tiempo de Westminster está llegando a su fin”, aunque no establece un calendario común ni un mecanismo único para producir esos cambios. Cada territorio enfrenta, además, condiciones constitucionales diferentes para celebrar una eventual consulta.
La aparición de este frente es especialmente relevante porque no reúne solamente a partidos opositores regionales. Swinney, ap Iorwerth y O’Neill encabezan actualmente los gobiernos descentralizados de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, respectivamente, aunque el memorándum fue firmado desde sus posiciones partidarias.
El mismo principio que Londres acaba de volver a colocar en el centro de Malvinas
La coincidencia temporal es significativa. Apenas cuatro días antes del acuerdo de Cardiff, el Gobierno británico volvió a responder en el Parlamento que las Islas Malvinas continuarán bajo administración británica mientras sus habitantes así lo deseen y sostuvo que su derecho a la autodeterminación se encuentra respaldado por el derecho internacional.
La respuesta, publicada el 10 de septiembre, reiteró la posición histórica de Londres: no habrá negociación sobre soberanía si los habitantes de las islas no lo desean. Reino Unido volvió así a colocar la voluntad de la población isleña como el elemento decisivo para definir el futuro político del archipiélago.
Esa misma doctrina había sido ratificada pocos días antes frente al nuevo endurecimiento argentino. Como informó Escenario Mundial tras la respuesta británica a Javier Milei, Londres rechazó el cuestionamiento argentino a la autodeterminación y definió su compromiso con las islas como “absoluto e inquebrantable”.
La discusión tiene ahora una dimensión adicional. Dentro del propio Reino Unido, tres movimientos que buscan modificar las fronteras y la estructura constitucional británica reclaman precisamente que Westminster reconozca que la voluntad de una comunidad política puede modificar su pertenencia estatal.
Eso no convierte automáticamente a Escocia, Gales o Irlanda del Norte en casos equivalentes al de Malvinas. Tampoco significa que los firmantes del acuerdo compartan la postura argentina: de hecho, existen antecedentes de dirigentes del SNP defendiendo expresamente la autodeterminación de los habitantes de las islas.
Por qué Argentina sostiene que Malvinas es un caso diferente
El punto central de la posición argentina es precisamente que la Cuestión Malvinas constituye una disputa territorial y colonial particular, y no un proceso de descolonización tradicional en el cual una población sometida a una potencia colonial debe decidir entre independencia, integración o asociación.
La Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció en 1965 la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambos países a encontrar una solución negociada teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. El Comité Especial de Descolonización volvió a reclamar en junio de 2026 que Buenos Aires y Londres reanuden las negociaciones bilaterales para alcanzar una solución pacífica y definitiva.
Buenos Aires sostiene que la autodeterminación no resulta aplicable porque Reino Unido ocupó las islas en 1833, expulsó a las autoridades argentinas instaladas allí y posteriormente estableció una población vinculada con la potencia administradora. Por ese motivo, la doctrina argentina contrapone el principio de integridad territorial al argumento británico de autodeterminación.
Ese punto volvió a adquirir centralidad durante las últimas semanas. Javier Milei pasó de proponer durante los primeros años de su carrera política que la Argentina debía lograr que los habitantes de las islas quisieran integrarse al país a negar explícitamente que esa población pueda resolver la disputa soberana mediante la autodeterminación. Escenario Mundial reconstruyó ese giro después de que el Presidente incorporara Malvinas a una nueva definición de seguridad nacional.
La diferencia jurídica seguirá siendo el núcleo del debate. Para los nacionalistas escoceses, galeses e irlandeses, sus poblaciones constituyen comunidades políticas con derecho a decidir si continúan formando parte del Reino Unido. Londres emplea una lógica similar respecto de los habitantes de Malvinas. Argentina, en cambio, sostiene que trasladar ese principio al archipiélago permitiría que la potencia que ocupó un territorio consolide la disputa mediante la voluntad de una población establecida posteriormente.
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