Desde antes de llegar a la Casa Rosada, Javier Milei sostuvo que las Islas Malvinas debían regresar a la Argentina por vía pacífica. Sin embargo, su estrategia fue mutando: de proponer una negociación inspirada en Hong Kong y plantear que los isleños debían querer ser argentinos, pasó a rechazar expresamente su derecho a la autodeterminación, endurecer las sanciones por la explotación petrolera y vincular la disputa con la reconstrucción militar, el control del Atlántico Sur y la seguridad nacional.
La cadena nacional del 3 de septiembre dejó una de las definiciones más contundentes de Javier Milei sobre la cuestión Malvinas desde que comenzó su carrera política. “Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho”, afirmó el Presidente antes de sostener que los habitantes del archipiélago constituyen una población implantada y que, por ese motivo, no poseen un derecho legítimo a la autodeterminación que pueda definir la soberanía de las islas.
La definición no fue menor. Apenas unos años antes, Milei proponía una solución inspirada en el traspaso de Hong Kong y sostenía que cualquier proceso debía contemplar la voluntad de quienes viven en las islas. Incluso ya como Presidente llegó a plantear que Argentina debía convertirse en un país tan próspero que los malvinenses terminaran “votando con los pies” y prefirieran ser argentinos.
El objetivo declarado nunca cambió: recuperar las islas por medios pacíficos. Lo que sí cambió profundamente fue la teoría acerca de cómo hacerlo.
De Hong Kong a una Argentina que debía resultar atractiva
Antes de llegar a la Presidencia, Milei había desarrollado una posición sobre Malvinas bastante diferente de la doctrina que históricamente sostuvo la diplomacia argentina. Reconocía el reclamo de soberanía y descartaba cualquier solución militar, pero introducía un elemento particular: la voluntad de los habitantes de las islas. Ya antes de las elecciones de 2023 había planteado una negociación de largo plazo inspirada en el acuerdo entre Reino Unido y China por Hong Kong.
La idea era relativamente sencilla. Argentina debía negociar con Londres, asumir que la guerra de 1982 había terminado en una derrota militar y construir durante años las condiciones necesarias para una transferencia pacífica.
Ese enfoque convivía con otra de las posiciones que más controversias generó alrededor de Milei: su admiración política por Margaret Thatcher. El actual Presidente nunca ocultó su valoración de la ex primera ministra británica, incluso frente a cuestionamientos por su papel durante la guerra de 1982.
Sin embargo, durante la campaña presidencial de 2023 comenzó a aparecer un límite más claro. Ante las polémicas generadas por declaraciones de Diana Mondino sobre los deseos de los isleños, Milei sostuvo que la soberanía argentina sobre Malvinas no estaba en discusión y debía resolverse mediante la diplomacia.
Ya en la Casa Rosada, esa combinación entre reclamo soberano y pragmatismo alcanzó su máxima expresión. En enero de 2024, Milei mantuvo una reunión con el entonces canciller británico David Cameron durante el Foro de Davos y buscó instalar Malvinas dentro de una agenda bilateral más amplia que también incluía comercio, inversiones y otros intereses comunes. El acuerdo alcanzado meses después entre Diana Mondino y David Lammy reflejó precisamente esa lógica: preservar el reclamo argentino bajo la fórmula de soberanía, pero reconstruir espacios concretos de cooperación alrededor de vuelos, pesca y cuestiones humanitarias.
Incluso en abril de 2025 Milei seguía sosteniendo una idea muy distinta de la que expresaría un año después. Su objetivo, dijo entonces, era construir una Argentina tan exitosa que los habitantes de las islas terminaran prefiriendo ser argentinos: “que nos voten con los pies”. La recuperación aparecía así asociada a una concepción muy propia del presidente: primero había que construir poder económico, prestigio internacional y capacidades estatales. La soberanía sería, en cierta medida, una consecuencia del éxito nacional.
Sea Lion y el costo de mantener congelada la disputa
El principal cambio comenzó a observarse entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026. La decisión de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum de avanzar con el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion modificó una variable central. Durante décadas, el mantenimiento del statu quo alrededor de Malvinas había tenido principalmente un costo diplomático y político para Argentina. Con Sea Lion apareció un costo material mucho más concreto: mientras la disputa de soberanía continuaba sin resolverse, empresas autorizadas por la administración británica avanzaban hacia una explotación petrolera a gran escala alrededor del archipiélago.
En diciembre de 2025, Argentina endureció su posición frente al avance del proyecto y rechazó la decisión final de inversión. La advertencia comenzó además a extenderse hacia proveedores, entidades financieras y otros actores relacionados con la explotación. Sea Lion, mientras tanto, continuó avanzando hacia una etapa de producción petrolera a gran escala, transformando la discusión sobre los recursos naturales en un componente cada vez más urgente de la disputa.
El discurso presidencial también empezó a modificarse. El 2 de abril de 2026, Milei volvió a utilizar de manera explícita conceptos centrales de la posición histórica argentina: definió Malvinas como una situación colonial especial y particular, remarcó que la guerra de 1982 no había modificado la naturaleza jurídica de la disputa y cuestionó directamente el desarrollo petrolero Sea Lion.
Al mismo tiempo, comenzó a vincular más claramente el reclamo con la reconstrucción de las Fuerzas Armadas y la necesidad de aumentar las capacidades argentinas en el Atlántico Sur. El endurecimiento también empezó a observarse en otros episodios. En julio, Argentina presentó una protesta formal ante Reino Unido por el tránsito del patrullero HMS Medway desde Malvinas, en un caso que volvió a poner en discusión la vigilancia de los espacios marítimos australes y la presencia militar británica en la región.
El giro, por lo tanto, había comenzado antes de la cadena nacional.
De convencer a los isleños a negar la autodeterminación
Septiembre de 2026 terminó de convertir esa evolución en una doctrina política mucho más amplia. El cambio más evidente está en el lugar que Milei asigna a los habitantes de las islas. El presidente que antes planteaba que Argentina debía conseguir que los kelpers quisieran ser argentinos sostuvo ahora que, por tratarse de una población implantada, no pueden invocar legítimamente el principio de autodeterminación para resolver la soberanía.
Es un cambio sustancial. La nueva posición presidencial se acerca mucho más a la doctrina histórica argentina, que reconoce los intereses y derechos individuales de quienes viven en las islas, pero rechaza que constituyan un pueblo separado con capacidad para decidir unilateralmente el futuro del territorio.
Pero el giro excede ampliamente esa discusión jurídica. Milei también modificó el conjunto de herramientas que está dispuesto a utilizar. Durante la cadena anunció una ofensiva alrededor de Sea Lion, nuevos recursos vinculados con la Base Naval Integrada y una futura Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Un día después, el Gobierno comenzó a instrumentar parte de ese esquema: aceleró el mecanismo de sanciones de la Ley 26.659, vinculó los controles con el acceso al RIGI y amplió partidas para áreas de Defensa, Cancillería e Inteligencia.
Y la ofensiva rápidamente dejó de concentrarse exclusivamente en las petroleras. Cancillería abrió procedimientos contra 45 personas humanas y jurídicas vinculadas con actividades hidrocarburíferas alrededor de las islas, incluyendo operadores, accionistas, fondos de inversión y proveedores.
La lógica ya no consiste únicamente en reclamar o negociar. Argentina intenta ahora que participar de actividades económicas autorizadas por la administración británica en Malvinas pueda tener costos fuera de las islas, particularmente para actores que pretendan mantener al mismo tiempo negocios, inversiones o acceso al mercado argentino.
A eso se suma la dimensión militar. La Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra iniciada durante la gestión anterior fue incorporada por Milei a una narrativa estratégica más amplia vinculada con Malvinas, la proyección antártica y el Atlántico Sur. En un relevamiento realizado en Tierra del Fuego, Escenario Mundial pudo constatar el estado de avance de una obra que continúa lejos de estar terminada, pero que el Gobierno volvió a colocar en el centro de su estrategia austral.
Malvinas dejó así de aparecer únicamente como un expediente diplomático de Cancillería. Pasó a involucrar también Defensa, Inteligencia, Economía, energía, recursos naturales, infraestructura crítica y proyección antártica.
Milei no creó las herramientas, pero cambió la lógica
Hay, sin embargo, una particularidad detrás de esta transformación. Buena parte de los instrumentos que Milei comenzó a utilizar no fueron creados durante su Gobierno. La Ley 26.659 que permite sancionar actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización argentina es anterior. También lo son las primeras sanciones a empresas vinculadas con Malvinas, la Base Naval Integrada de Ushuaia, el Consejo Nacional de Malvinas y buena parte de la arquitectura diplomática que Argentina utiliza en Naciones Unidas y la OEA.
La ruptura no está necesariamente en las herramientas. Está en cómo el Gobierno comenzó a integrarlas. La política que hasta 2024 buscaba administrar la disputa mientras reconstruía la relación bilateral con Londres empezó a convertirse en otra cosa: una estrategia destinada a generar costos económicos, desarrollar capacidades militares y vincular la cuestión Malvinas con el equilibrio estratégico del Atlántico Sur.
Donald Trump y las señales emitidas desde Washington durante las últimas semanas funcionaron como un acelerador de esa concepción. El mandatario estadounidense dejó abierta públicamente la posibilidad de revisar la posición de su país respecto de Malvinas, en medio de una pulseada mucho más amplia con Reino Unido.
Para Milei, que desde su llegada al poder vinculó la recuperación de capacidad internacional con el alineamiento de Argentina con Estados Unidos y Occidente, la posibilidad de abrir una discusión dentro de Washington alimentó la idea de que ese alineamiento podía convertirse también en una herramienta para Malvinas. Pero reducir el giro exclusivamente a Trump dejaría afuera el proceso que ya estaba ocurriendo alrededor de Sea Lion, la explotación de recursos y la creciente dimensión estratégica del Atlántico Sur.
La transformación de Milei sobre Malvinas es, por eso, más profunda que un endurecimiento discursivo. El presidente no abandonó la negociación, no propuso una solución militar y continúa hablando de un proceso potencialmente largo con Reino Unido. Lo que cambió es la teoría de poder detrás de esa negociación.
En 2023, Milei imaginaba una Argentina próspera capaz de convencer a los habitantes de las islas de que su futuro podía estar ligado al continente. Tres años después, esa idea quedó desplazada por una estrategia que busca restringir la autodeterminación al plano jurídico, elevar el costo económico de explotar los recursos del archipiélago, reconstruir capacidades militares y aumentar el peso argentino en el Atlántico Sur.
Ese es, finalmente, el verdadero recorrido de Milei sobre Malvinas: no pasó de renunciar al reclamo a reivindicarlo, sino de confiar en la persuasión a intentar construir poder para modificar el statu quo. Y en ese cambio aparece quizás la diferencia más importante entre el Milei que comenzó su carrera política y el presidente que habló por cadena nacional el 3 de septiembre.
La pregunta dejó de ser cómo lograr que los isleños quieran ser argentinos. Ahora es cómo conseguir que sostener el statu quo sea cada vez más costoso.
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