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Medellín fue durante décadas sinónimo de violencia narco, sede del cartel de Pablo Escobar, escenario de una guerra que dejó miles de muertos y convirtió a la ciudad en símbolo del fracaso del Estado frente al crimen organizado. Luego vino la transformación con un urbanismo social, movilidad, cultura, y una narrativa de reinvención que recorrió el mundo. Esa misma ciudad fue elegida para albergar la oficina regional del “Shield of the Americas”, la iniciativa antinarcóticos más ambiciosa de la administración Trump, que busca consolidar una red de cooperación militar e inteligencia entre Estados Unidos y los países de América Latina para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, y dar respuesta a la problemática de la inmigración ilegal.
La lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico en América Latina no es nueva. Desde el Plan Colombia lanzado en el año 2000, Washington ha invertido miles de millones de dólares en asistencia militar, entrenamiento de fuerzas de seguridad y erradicación de cultivos de coca en la región. Sin embargo, la administración Trump representa un giro significativo respecto a sus predecesores. Estos últimos combinaban cooperación con diplomacia, Trump apostó por la presión directa, las amenazas económicas y la acción militar unilateral. En agosto, decenas de ataques contra presuntas embarcaciones narcotraficantes en el mar Caribe y el Pacífico Oriental dejaron al menos 227 muertos, como parte de una campaña que, según Washington, busca frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Este nuevo modelo, que el New York Times encuadro bajo la llamada “Doctrina Donroe”, que surge de la combinación entre “Donald” y “Monroe”, trata el narcotráfico no como un problema de salud pública sino como una amenaza a la seguridad nacional que justifica el uso de la fuerza.
El Shield of the Americas, lanzado formalmente el 7 de marzo de 2026 en una cumbre celebrada en el Doral, Miami, reúne a 17 naciones comprometidas con el uso de la fuerza militar para destruir carteles y redes terroristas en el hemisferio occidental. Trump declaró en esa oportunidad que “la única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos”, alentando a los líderes regionales a emplear acción militar contra los carteles. La asistencia fue por invitación y se inclinó hacia administraciones de derecha o afines a Trump, excluyendo explícitamente a gobiernos de izquierda como México y, hasta hace pocas semanas, Colombia.
Colombia es el caso más significativo dentro de esta reconfiguración regional, y no solo porque sea el mayor productor de cocaína del mundo. La relación bilateral entre Washington y Bogotá atravesó en menos de un año una transformación radical. Bajo la presidencia de Gustavo Petro, las tensiones llegaron a su punto más crítico: en noviembre de 2025, Petro ordenó a sus fuerzas de seguridad dejar de compartir inteligencia con Estados Unidos, en respuesta a los ataques militares estadounidenses en el Caribe. Trump respondió amenazando con aranceles, corte de pagos y aseguró que Petro incentivaba la producción masiva de drogas. Sin embargo, la confrontación abierta terminó derivando en una cooperación forzada, y al final de su mandato el propio Petro destacó los resultados conjuntos alcanzados en la lucha contra el narcotráfico. El giro definitivo llegó con las elecciones, donde el abogado Abelardo de la Espriella, ciudadano colombiano y estadounidense, votante registrado del partido republicano de Estados Unidos, ganó la presidencia en junio de 2026 por menos de un punto porcentual, y asumió el 7 de agosto con una agenda radicalmente distinta.
De la Espriella prometió combatir el narcotráfico con bombardeos, erradicación de narcocultivos con herbicidas y la presencia de bases militares estadounidenses en territorio colombiano, bautizando su iniciativa como “Plan Colombia 2.0”, todo lo contrario al plan de “paz total” que impulsó Petro donde buscaba negociar y dialogar con todos los grupos armados ilegales. Antes de que asuma De la Espriella, su ministro de Defensa designado, anunció desde Washington el inicio de las conversaciones con Estados Unidos para estructurar el Plan Patriota 2.0, una estrategia de cooperación militar que busca actualizar el vínculo bilateral en materia de seguridad y defensa, con foco en el fortalecimiento de la flota de helicópteros, sistemas de protección contra drones, asistencia técnica en inteligencia y un nuevo programa de entrenamiento conjunto. Colombia se convierte así en el primer gran país de América del Sur en incorporarse plenamente al Shield of the Americas, lo que le otorga al bloque un peso estratégico que antes no tenía.
La pregunta que subyace a toda esta arquitectura es si va a funcionar. Cinco décadas de guerra contra las drogas en América Latina no lograron reducir de manera sostenida la producción ni el tráfico de cocaína: según la DEA, las principales organizaciones narcotraficantes tienen presencia en casi todo el mundo. El propio Plan Colombia, celebrado como éxito durante años, desplazó los cultivos pero no los eliminó, y contribuyó al fortalecimiento de nuevos grupos armados que llenaron el vacío dejado por las FARC tras el acuerdo de paz de 2016. Varios especialistas advierten que el Shield of the Americas utiliza tácticas con énfasis más en el control centralizado que en resultados reales, y el Atlantic Council señaló que la estrategia más efectiva contra el crimen organizado no es la fuerza militar sino el fortalecimiento institucional de los Estados.
Lo que está tomando forma en América Latina es algo más que una alianza antinarcóticos, es una reconfiguración del mapa político regional articulada en torno a la postura frente al narcotráfico, donde los países que se alinean con Washington obtienen acceso a tecnología, entrenamiento y respaldo diplomático, y los que no lo hacen quedan expuestos a sanciones, presiones económicas o, como en el caso venezolano, intervención directa. Ahora queda por ver si la fuerza militar logra resolver un problema que lleva cincuenta años sin solución, o si los países terminan cambiando de estrategia al comprobar, una vez más, que lo único que realmente funciona es el fortalecimiento institucional del Estado.
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