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La administración de Donald Trump identificó a más de 40 países que, según un nuevo informe de la Casa Blanca, presentan distintos niveles de riesgo de ser utilizados para el transbordo ilegal de mercancías chinas hacia Estados Unidos, una práctica que permite eludir aranceles y otras medidas comerciales mediante el desvío de productos a través de terceros países. Brasil aparece clasificado en el segundo nivel de riesgo, mientras que Argentina figura entre los denominados “corredores latinoamericanos”, en un tercer nivel de riesgo.
En este sentido, el mecanismo conocido como transshipment consiste en enviar mercancías desde China hacia un tercer país antes de su ingreso al mercado estadounidense, con el objetivo de modificar o encubrir su verdadero origen. De acuerdo con el diagnóstico estadounidense, las operaciones pueden incluir cambios de etiquetas, reempaquetado, emisión de nueva documentación, facturación desde un tercer país o procesos de transformación insuficientes para justificar un nuevo origen. El propósito sería evitar los aranceles que corresponden al producto por su procedencia real.
Argentina y Brasil en la lista de Estados Unidos
La Casa Blanca divide a los países identificados en tres niveles de riesgo según su volumen comercial, integración con las cadenas de suministro chinas y capacidad industrial o logística. El nivel 2, donde Estados Unidos ubica a Brasil junto con países como Indonesia, Malasia, Tailandia, Turquía y Vietnam, comprende economías con una integración significativa con China y capacidad para funcionar como plataformas industriales o logísticas. Según el informe, Brasil podría desempeñar un papel dentro de las cadenas regionales de producción, almacenamiento y redireccionamiento de mercancías.
Argentina, por su parte, aparece mencionada junto con Chile, Colombia y Perú dentro de los denominados “corredores latinoamericanos”. La Casa Blanca señala que estos corredores pueden estar vinculados con rutas de redireccionamiento por los océanos Atlántico y Pacífico, almacenamiento de mercancías bajo control aduanero y procesos de ensamblaje regional.
La administración estadounidense reconoce una distinción. El aumento de las importaciones desde determinados terceros países y la disminución de las compras directas a China no constituyen, por sí mismos, evidencia de transbordo ilegal. Los cambios también pueden responder a inversiones genuinas, relocalización de fábricas y transformaciones legítimas de las cadenas globales de suministro, como en Argentina. El punto de preocupación para Washington aparece cuando el tercer país funciona principalmente como una vía para modificar la apariencia del origen de un producto sin que exista una transformación económica sustancial.
Para la Casa Blanca, este fenómeno supone un impacto económico muy grande
Por otra parte, el impacto económico que Washington atribuye al fenómeno es clave. Según las estimaciones citadas por la Casa Blanca, entre US$40.000 millones y US$75.000 millones en mercancías podrían estar involucrados anualmente en operaciones de este tipo. Otras estimaciones mencionadas en la cobertura estadounidense elevan el rango hasta aproximadamente US$303.000 millones. El gobierno de Trump sostiene que una mayor fiscalización permitiría recuperar decenas de miles de millones de dólares en ingresos arancelarios.
Para enfrentar el problema, Estados Unidos prepara un sistema de inteligencia artificial denominado “Detective Border”, desarrollado junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La herramienta buscará comparar el origen declarado de las mercancías con sus rutas comerciales, componentes y patrones de producción para identificar operaciones consideradas anómalas. El objetivo es que las autoridades puedan establecer niveles de riesgo antes de que los cargamentos lleguen a los puertos estadounidenses y concentrar las inspecciones en las operaciones potencialmente irregulares.
La ofensiva se apoya además en la Orden Ejecutiva 14411, firmada por Trump el 3 de junio de 2026. La normativa ordena reforzar el control sobre los importadores, incrementar determinados requisitos de garantías y activos nacionales, exigir información sobre propietarios y beneficiarios finales y establecer procedimientos de evaluación de riesgo. También instruye a las autoridades a priorizar investigaciones relacionadas con la subvaluación, la clasificación incorrecta de mercancías y el transbordo ilegal.
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