En 1945, a pocas semanas de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar las relaciones amistosas entre estados y promover la cooperación internacional. Impulsada por Estados Unidos, uno de los vencedores de la guerra, la idea era crear un organismo internacional en donde todos los países estuviesen representados para tomar decisiones “democráticas” en el Sistema Internacional a través de una Asamblea General.

Pero, aunque en dicha asamblea cada país tiene un voto, hay un órgano mucho más importante: el Consejo de Seguridad, que tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros y cada miembro tiene un voto, aunque este es el único órgano de la ONU cuyas decisiones los Estados Miembros están obligados a cumplir.
Sin igualdad de condiciones
De sus 15 miembros, cinco son permanentes con derecho de veto: la Federación de Rusia (ex URSS), Estados Unidos, República Popular China, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (los vencedores de la Segunda Guerra Mundial). Por otro lado, los diez miembros no permanentes son elegidos de cinco en cinco cada año por la Asamblea General de la ONU y por un período de dos años.
Cada miembro del Consejo tiene un voto. Las decisiones en general requieren del voto afirmativo de, al menos, nueve miembros. Cuando se le presenta una controversia, la primera medida del Consejo es generalmente recomendar a las partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos. Pero también puede imponer embargos o sanciones económicas, o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los mandatos.
Pero el problema para la comunidad internacional es que, según el artículo 27 de la Carta de las Naciones Unidas, pese a contar con 9 votos afirmativos, las decisiones del Consejo de Seguridad sobre asuntos sustantivos no serán aprobadas si hay un voto negativo o “veto” por parte de un miembro permanente.
En general, los asuntos de procedimiento no están sujetos a veto, por lo que el veto no puede ser usado para impedir ninguna discusión de un asunto. Por ello, la mayoría de vetos se usan para propósitos como bloquear un candidato para secretario general (en 1971, el argentino Carlos Ortiz de Rozas fue propuesto por Francia como Secretario General de Naciones Unidas y, pese a que obtuvo la mayor cantidad de votos -13 de 15-, su candidatura fracasó debido al voto negativo de la Unión Soviética que aplicó su derecho a veto al no considerarlo como «un representante del Tercer Mundo»).
Respecto a esto último, el antecedente no es menor si se tiene en cuenta que el argentino Rafael Grossi es uno de los principales candidatos para convertirse en el próximo Secretario General de la ONU, aunque el Reino Unido podría vetarlo por la cuestión de Malvinas. También es común el uso del veto para evitar la admisión de un Estado como miembro (caso Palestina).

Críticas al Consejo
Desde sus inicios, el poder de veto fue criticado ya que representaba un freno para la ONU a la hora de abordar algunas de las problemáticas más importantes a nivel mundial. Sin embargo, la justificación era que estos 5 países se habían ganado ese “derecho” por ser las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial.
Pero el problema actual es que el mundo ha cambiado en los últimos 80 años y, para muchos, el consejo debería reconfigurarse en base al actual equilibrio de poder (países como Japón, Alemania, India, Brasil o Turquía podrían competir tranquilamente con cualquiera de los actuales 5 miembros permanentes en términos militares y/o económicos).
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