Por Carolina Gaviria
Durante años, el mercenarismo fue percibido como un fenómeno lejano, asociado a guerras africanas, operaciones encubiertas o relatos propios de la Guerra Fría. Sin embargo, el debate volvió a ocupar un lugar central en Colombia después de que organismos internacionales alertaran sobre el creciente reclutamiento de ciudadanos colombianos para participar en conflictos armados y operaciones de seguridad en distintas regiones del mundo.
En marzo de 2026, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios celebró la aprobación de la Ley 2569 en Colombia y alertó del reclutamiento de exmilitares y expolicías. Según estimaciones preliminares citadas por los expertos de la ONU, más de 10.000 colombianos han sido reclutados durante la última década para participar en conflictos extranjeros incluyendo escenarios como Ucrania, Sudán y República Democrática del Congo.
Hay informes recientes sobre participación de colombianos en Sudán, donde algunos fueron reclutados a través de empresas privadas de seguridad y posteriormente terminaron involucrados en un conflicto extremadamente complejo.
Un análisis reciente del Social Research Center (SRC), basado en la opinión de expertos en seguridad internacional señala que factores estructurales como la desigualdad económica, la falta de oportunidades laborales y la debilidad de los marcos regulatorios han contribuido a la aparición de un mercado de combatientes dispuestos a participar en conflictos fuera de sus países de origen.
Y es que durante la visita a Colombia, Naciones Unidas identificó que muchos reclutamientos se dirigen a exmilitares y expolicías con amplia experiencia operativa, ofreciendo contratos que pueden oscilar entre 2.000 y 6.000 dólares mensuales. Estas cifras representan ingresos significativamente superiores a las oportunidades disponibles para muchos retirados del sector seguridad en el mercado laboral local.
Un problema legal
Una de las principales dificultades para abordar el problema es que no todas las personas que participan en conflictos extranjeros son mercenarios en sentido jurídico.
El derecho internacional distingue entre mercenarios, voluntarios extranjeros, contratistas de seguridad privada y miembros de fuerzas armadas regulares. Sin embargo, en la práctica, estas categorías suelen superponerse, especialmente en conflictos contemporáneos donde participan empresas militares privadas, intermediarios de reclutamiento y estructuras híbridas de seguridad.
Esta complejidad ha generado vacíos regulatorios que dificultan la supervisión estatal y la protección de quienes son reclutados bajo promesas laborales que no siempre reflejan las condiciones reales de los escenarios a los que son enviados.
Incentivos económicos y experiencia militar
Colombia ocupa una posición particular dentro de este debate debido a la amplia experiencia acumulada por sus fuerzas militares y de seguridad tras décadas de conflicto interno.
Diversos análisis sobre el fenómeno coinciden en que el incentivo económico juega un papel relevante. Para algunos exmilitares, los contratos ofrecidos por empresas de seguridad o intermediarios internacionales pueden representar ingresos considerablemente superiores a los disponibles en el mercado laboral local, especialmente después del retiro.
La combinación entre experiencia operativa, disponibilidad de personal entrenado y oportunidades económicas limitadas fuera del sector de seguridad ha convertido a los exmilitares colombianos en perfiles atractivos para distintos actores internacionales.
Los riesgos del retorno
La discusión no se limita al reclutamiento ni a la participación en conflictos externos. Especialistas en seguridad han advertido que también es necesario analizar qué ocurre cuando estos combatientes regresan a sus países de origen. Aspectos como la atención psicológica, los procesos de reintegración, la adaptación laboral y el aprovechamiento de capacidades adquiridas durante su experiencia internacional son temas que aún reciben poca atención en la región.
La preocupación no implica asumir automáticamente una relación entre participación en conflictos extranjeros y criminalidad. Sin embargo, diversos organismos internacionales han señalado la importancia de monitorear estos procesos para evitar escenarios de vulnerabilidad social o aprovechamiento por parte de redes ilícitas.
Un debate que trasciende a Colombia
Aunque Colombia concentra algunos de los casos más visibles y documentados, el fenómeno abre preguntas que podrían extenderse a otros países de América Latina con presencia de personal militar retirado, crecimiento del sector privado de seguridad y desafíos económicos persistentes.
Más que una discusión sobre casos individuales, el tema plantea interrogantes sobre regulación internacional, cooperación entre Estados y capacidad institucional para responder a formas cada vez más complejas de reclutamiento transnacional.
La guerra en Ucrania ayudó a visibilizar una realidad que probablemente continuará presente en los próximos años. La pregunta ya no es únicamente cuántos ciudadanos participan en conflictos extranjeros, sino qué tan preparados están los Estados para comprender, regular y gestionar un fenómeno que evoluciona al ritmo de los conflictos contemporáneos.
Tal vez te interese: ¿Ya hay una guerra comercial entre Ecuador y Colombia?
