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La Cancillería Argentina confirmó que María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, los dos ciudadanos argentinos detenidos desde el 24 de mayo en Libia, fueron expulsados desde Bengasi y ya se encuentran seguros en Estambul, donde recibieron asistencia del Consulado General argentino en Turquía.
Ambos habían sido retenidos cerca de Sirte, en el este de Libia, mientras participaban del Convoy Sumud, una caravana humanitaria que buscaba avanzar hacia Gaza. Su detención ocurrió junto a otros integrantes internacionales del grupo, en una zona atravesada por la fragmentación política y militar libia.
El caso fue especialmente sensible por el lugar de la detención. Sirte y Bengasi se encuentran bajo influencia de las autoridades del este de Libia, un espacio donde las gestiones diplomáticas suelen ser más complejas por la división del país entre centros de poder rivales y actores armados con control territorial.
Según informó el canciller Pablo Quirno, desde el inicio de la detención la Cancillería activó gestiones consulares y políticas a través de la Dirección General de Asuntos Consulares y de la Embajada Argentina en Túnez. Entre esas acciones estuvo el desplazamiento del cónsul argentino en Túnez hacia Bengasi.
La salida de los argentinos también involucró gestiones con países amigos, la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ese entramado muestra que el caso no dependía solo de una negociación bilateral clásica, sino de contactos humanitarios, diplomáticos y multilaterales en un territorio de alta complejidad.
Cancillería destacó que las gestiones se realizaron con cautela por el contexto jurídico-político del caso. Quirno sostuvo que el Gobierno argentino no hizo “política ni espectáculo” con la situación de ciudadanos argentinos que necesitaban asistencia en el exterior, en una referencia al bajo perfil mantenido durante el proceso.
El dato central es que el episodio terminó sin una escalada pública mayor y con los dos argentinos fuera de Libia. La expulsión hacia Estambul cierra la fase más urgente del caso, aunque deja expuesta la vulnerabilidad de ciudadanos y activistas que participan en misiones humanitarias en territorios fragmentados, donde los canales diplomáticos formales no siempre alcanzan.
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