El presidente Cyril Ramaphosa volvió a quedar en el centro de la crisis política sudafricana tras la reactivación del caso conocido como “Farmgate”, un escándalo que gira alrededor de una gran suma de dinero en efectivo robada de su estancia privada. Aunque el mandatario niega haber cometido irregularidades, el Parlamento deberá avanzar ahora con un proceso que podría terminar en un juicio político.
La decisión llegó luego de que la Corte Constitucional de Sudáfrica reviviera el procedimiento de impeachment que había quedado frenado en 2022. Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los mayores desafíos políticos para Ramaphosa, quien gobierna el país desde 2018 y atraviesa además una etapa de creciente tensión dentro de la coalición oficialista.
Cómo funciona el proceso de impeachment en Sudáfrica
La Constitución sudafricana permite remover a un presidente por violar la ley, cometer una falta grave o no poder ejercer sus funciones. El mecanismo comienza cuando un legislador presenta una moción contra el mandatario y luego el presidente del Parlamento deriva el caso a un panel independiente de expertos legales.
Ese panel analiza si existen pruebas suficientes para avanzar. Si concluye que hay fundamentos, el Parlamento vota si abre formalmente el juicio político. En caso de aprobarse, se crea un comité especial encargado de investigar en detalle las acusaciones y posteriormente recomendar si el presidente debe ser removido.
La última palabra vuelve a quedar en manos del Parlamento, donde se necesita una mayoría de dos tercios para destituir al jefe de Estado. Allí aparece uno de los principales escudos políticos de Ramaphosa, ya que su partido, el Congreso Nacional Africano (ANC), sigue siendo la mayor fuerza parlamentaria y gobierna junto a otros aliados.
Qué es el escándalo “Farmgate”
El caso comenzó a explotar públicamente en 2022, cuando trascendió que delincuentes habían robado alrededor de 580.000 dólares en efectivo escondidos dentro de muebles en una de las propiedades rurales de Ramaphosa. El presidente sostuvo que el dinero provenía de la venta de animales en su estancia, pero surgieron dudas sobre por qué esa suma estaba guardada en efectivo y si había sido declarada correctamente.
Un panel independiente concluyó ese mismo año que existían indicios preliminares de que el mandatario podría haber violado su juramento presidencial. Sin embargo, el Parlamento —dominando entonces por el ANC— bloqueó el avance del impeachment. Ahora, tras el fallo de la Corte Constitucional, el proceso deberá retomarse.
Mientras tanto, Ramaphosa anunció que intentará impugnar judicialmente el informe del panel independiente, una maniobra que podría retrasar durante meses el avance político del caso.
La otra amenaza que enfrenta Ramaphosa
Además del impeachment, la oposición también intenta desplazar al presidente mediante una moción de censura. A diferencia del juicio político, este mecanismo requiere solamente mayoría simple en el Parlamento, por lo que el apoyo de los socios de coalición resulta clave para la supervivencia política del mandatario.
Dos partidos opositores ya pidieron formalmente que se vote la moción, aunque el Parlamento todavía no confirmó si habilitará el debate. Si Ramaphosa perdiera el cargo, el vicepresidente Paul Mashatile asumiría temporalmente, pero no se convertiría automáticamente en presidente permanente. La legislación sudafricana establece que el nuevo mandatario debe ser elegido por los legisladores mediante una votación secreta.
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