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La Cancillería argentina declaró persona non grata a Mohsen Soltani Tehrani, consejero y encargado de negocios ad interim de la embajada de Irán en la Argentina, y le ordenó abandonar el territorio nacional en un plazo de 48 horas. La decisión fue comunicada oficialmente este 2 de abril y profundiza la escalada diplomática abierta entre Buenos Aires y Teherán en medio del endurecimiento de la posición argentina frente al régimen iraní.
Según el comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la medida fue adoptada al amparo del artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y responde al pronunciamiento emitido el día anterior por la cancillería iraní, al que el Gobierno argentino calificó como ofensivo, improcedente y basado en acusaciones falsas contra la República Argentina y sus máximas autoridades.
La decisión se produce apenas días después de que el Gobierno de Javier Milei dispusiera la incorporación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), una medida con la que la administración nacional formalizó una de sus definiciones más duras contra Irán desde su llegada al poder. Aquella resolución fue presentada como una respuesta a la responsabilidad atribuida por la Justicia argentina a funcionarios iraníes y a Hezbollah en los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.
En el nuevo comunicado, la Cancillería sostuvo que este episodio se suma a la “persistente negativa” de Irán a cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA, así como a su reiterado incumplimiento de las órdenes internacionales de detención y extradición de los acusados. Además, el texto remarcó como un hecho especialmente grave la designación en cargos de alta responsabilidad dentro del CGRI de personas requeridas por la Justicia argentina.
El Gobierno también afirmó que las manifestaciones iraníes constituyen una “inaceptable injerencia” en los asuntos internos del país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional. Bajo esa lógica, la expulsión del encargado de negocios aparece no solo como una respuesta diplomática puntual, sino como una señal política de continuidad respecto del endurecimiento que la Casa Rosada viene sosteniendo en su vínculo con Teherán.
Con esta medida, la Argentina eleva un nuevo escalón en su confrontación diplomática con Irán y encadena, en menos de una semana, dos decisiones de alto impacto: primero la declaración de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista y ahora la expulsión del principal representante iraní en Buenos Aires. El mensaje oficial vuelve a apoyarse en el mismo eje: memoria, justicia y lucha contra el terrorismo, pero también en una política exterior cada vez más alineada con una posición de confrontación abierta frente al régimen iraní.
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