Demostrando una clara señal de inconformidad, el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, cuestionó públicamente al Reino Unido por su falta de apertura en el intercambio de tecnología dentro del Global Combat Air Programme (GCAP), el ambicioso proyecto conjunto que Italia desarrolla junto a Londres y Japón para la creación de un avión de combate de sexta generación. Según el funcionario italiano, la renuencia británica a compartir capacidades tecnológicas clave representa un error estratégico en el contexto actual de competencia global
En este contexto, Crosetto calificó este comportamiento como una “locura” y advirtió que no compartir tecnología entre aliados puede terminar beneficiando a actores adversarios. De este modo, afirmó que la actitud del Reino Unido favorece indirectamente a Rusia y China, en un momento en el que la cooperación entre socios estratégicos resulta crucial para sostener la superioridad tecnológica y militar.
Resulta claro que no se trata de una critica aislada, ya que el ministro italiano había señalado anteriormente que el Reino Unido debía derribar lo que denominó “barreras del egoísmo” en materia de defensa y sostuvo que Italia eliminó por completo esas barreras y Japón casi en su totalidad, lo que deja a Londres como el socio más reticente dentro del programa.
Consecuentemente, Crosetto afirmó haber dado instrucciones a Leonardo, la empresa italiana que lidera la contribución industrial del país al GCAP, para que comparta su tecnología con los demás socios. Según explicó, el objetivo es dar el primer paso y presionar para que los demás actores sigan el mismo camino, reforzando la cooperación dentro del proyecto.
Cabe señalar que estas tensiones emergen en un momento en el que el GCAP muestra avances relativamente fluidos, especialmente si se lo compara con otros programas europeos de defensa que enfrentan disputas internas. Sin embargo, el proyecto no está exento de controversias, particularmente en Italia, donde el costo del diseño y desarrollo del avión se incrementó de manera significativa, pasando de los 6.000 millones de euros estimados inicialmente a 18.600 millones, lo que generó críticas por parte de la oposición política.
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