Tras veinticinco años de largas negociaciones, la Unión Europea (UE) y el Mercosur se disponen a firmar en Asunción, este 17 de enero de 2026, el acuerdo birregional más grande negociado por Bruselas en décadas. La foto política —con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa— busca proyectar un mensaje de apertura comercial y anclaje “reglado” en un contexto de rivalidad geoeconómica creciente.
“En una época en la que el unilateralismo aísla los mercados y el proteccionismo inhibe el crecimiento global, dos regiones que comparten valores democráticos y defienden el multilateralismo eligen un camino diferente“, afirmó el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante su discurso en la cumbre paralela que mantuvo con los altos funcionarios de la Unión Europea, que hicieron escala en el país antes de viajar a Paraguay mañana para firmar el acuerdo.
Sin embargo, el gesto diplomático de Von der Leyen no da fin a esta larga historia, sino que más bien inaugura su fase más incierta. Para acelerar la implementación del acuerdo, la UE estructuró el paquete en dos textos, un Interim Trade Agreement (ITA) centrado en comercio y un EU–Mercosur Partnership Agreement (EMPA) que agrega cooperación política, sectorial e inversión. En términos prácticos, el ITA es el puente para poner en marcha rebajas arancelarias antes de atravesar la ratificación completa del acuerdo de asociación.
¿Cuáles son los beneficios de un acuerdo comercial?
El tamaño económico del vínculo explica la apuesta. El comercio de bienes entre ambos bloques superó €111.000 millones en 2024 (con un flujo relativamente equilibrado entre exportaciones e importaciones), y más del 80% del intercambio se concentra en Brasil. Para la UE, el objetivo declarado es expandir mercados para su industria y, a la vez, reducir vulnerabilidades en cadenas de suministro.
La lógica geopolítica es explícita. Bruselas presenta el acuerdo como parte de una estrategia de diversificación frente a presiones comerciales —incluida la agenda arancelaria estadounidense— y frente a la dependencia de China en insumos estratégicos. En paralelo, la Comisión señaló que la cooperación con Brasil se encamina también hacia entendimientos sobre materias primas críticas (litio, níquel, tierras raras), un terreno donde Europa busca recuperar margen de maniobra.
Los beneficios comerciales, en términos de manual, son claros y muestran una reducción de aranceles, mayor previsibilidad normativa y apertura de oportunidades para bienes y servicios. Según un Q&A oficial de la Comisión, el acuerdo liberaliza la mayor parte del intercambio, pero con límites en rubros “sensibles” mediante cuotas y salvaguardas, especialmente para carnes. En la arquitectura europea, además, el acuerdo reconoce y protege un conjunto amplio de indicaciones geográficas (un activo político clave para países como Francia, Italia o España).
Los ganadores y perdedores de ambos bloques
Si hablamos en términos de “ganadores” y “perdedores”, del lado del Mercosur, el mapa de ganadores se concentra en el agroalimento y en algunos complejos exportadores con posibilidad de escalar volumen y precio (carne, alimentos, ciertos commodities y derivados). Pero el acuerdo también puede favorecer una agenda menos visible que apunta a atraer inversión y tecnología europea hacia segmentos con mayor valor agregado, si los gobiernos acompañan con políticas de productividad, infraestructura, certificaciones y capacidades regulatorias —un punto que suele separar “oportunidad” de “resultado”.
Los perdedores potenciales, en cambio, están más concentrados y por eso suelen ser políticamente más ruidosos. Para economías como Argentina, los sectores industriales expuestos a competencia europea —automotriz, metalmecánica, química-farmacéutica, bienes de capital— temen una apertura que consolide déficits y desplace producción local si no hay transición ordenada. En Europa, los perdedores más probables se ubican en ganadería bovina y algunos segmentos de aves, aun cuando los defensores del acuerdo argumentan que los temores de “inundación” importadora están sobredimensionados por el diseño de cuotas y controles.
En esta misma línea, se ubica el caso de Estados Unidos (y de Trump en particular). El acuerdo va a contramano de una lógica más unilateral y transaccional del comercio internacional. Mientras Washington privilegia aranceles, presión bilateral y acuerdos selectivos, la UE apunta a cerrar un pacto amplio basado en reglas con una región clave de América del Sur. Eso refuerza el “poder blando” europeo y reduce el margen de EE. UU. para usar el comercio como herramienta de coerción política, especialmente en países como Brasil o Argentina, que históricamente oscilan entre distintos polos de poder.
Mientras que para otros actores fuertes como China, el impacto es más estructural. El gigante asiático aprovechó durante dos décadas el estancamiento del acuerdo para ganar cuota de mercado, inversión e influencia política en el Mercosur, en particular en Brasil, a través del comercio, el financiamiento y foros como los BRICS. El acuerdo con la UE no desplaza automáticamente a China, pero sí introduce competencia directa europea en sectores industriales, tecnológicos y de inversión, y refuerza un anclaje político del Mercosur con Europa que limita la dependencia exclusiva del vínculo chino. En ese sentido, China no “pierde” comercio de forma inmediata, pero sí espacio estratégico y centralidad en una región estratégica para su agenda.
Desafíos a sortear para lograr que el acuerdo pase en el bloque europeo
El primer gran campo de batalla para ambas partes, y es el poderoso lobby de la agricultura europea. La Comisión insiste en que el impacto está acotado por cuotas; por ejemplo, el material oficial sobre agricultura menciona una cuota de 99.000 toneladas para carne bovina y 180.000 toneladas para carne aviar, con aplicación gradual en varios años. Los críticos, en cambio, objetan que incluso con cuotas el acuerdo intensifica la competencia sobre márgenes ya presionados por costos y volatilidad climática, y que la política terminó blindando al sector con más concesiones presupuestarias y salvaguardas.
Por otra parte, se entiende que la dimensión ambiental es el segundo gran frente. El acuerdo incorpora compromisos climáticos y referencias a la lucha contra la deforestación, pero el debate real es la ejecutabilidad, y qué tan exigibles y sancionables son esas cláusulas frente a incentivos económicos que empujan la expansión agropecuaria. Estudios y ONG ambientales sostienen que, aun con lenguaje “verde”, el impulso comercial podría agravar presiones sobre biomas sensibles (Amazonia, Cerrado, Gran Chaco), y reclaman mecanismos más vinculantes.
El tercer frente —y el más inmediato— es institucional. El ITA necesita el voto del Parlamento Europeo, previsto tentativamente para abril o mayo, y el resultado se anticipa ajustado. Además, el 21 de enero de 2026 la Eurocámara vota si solicita al Tribunal de Justicia de la UE una opinión sobre la compatibilidad de los acuerdos con los Tratados, lo que podría introducir un compás de espera relevante, como ya ocurrió en antecedentes similares.
En paralelo, el EMPA exige ratificación por los 27 Estados miembros y, por diseño europeo, eso puede tomar años. La comparación con CETA es ilustrativa: pese a su aplicación provisional desde 2017, todavía quedaban ratificaciones pendientes tiempo después. La consecuencia es que el escenario más verosímil combina avance comercial gradual (si el Parlamento Europeo habilita) con un largo recorrido político para la “entrada en vigor plena”.
La aprobación no es solo una votación, es también una prueba de resistencia política
En el Mercosur, el trámite parlamentario luce —por ahora— más despejado, aunque no exento de tensiones: Paraguay ya expresó disconformidad por condiciones y límites de acceso, y la región debate cómo compatibilizar competitividad exportadora con estándares ambientales y de trazabilidad exigidos por la UE. Además, Bolivia, en proceso de adhesión plena al bloque, aparece como caso bisagra por sus desafíos domésticos en materia de deforestación, un tema que inevitablemente contaminará la discusión regional.
Lo que enfrenta el acuerdo por delante, entonces, no es solo una votación, es también una prueba de resistencia política. Para Bruselas, el desafío es construir una mayoría que vea el acuerdo como herramienta estratégica —comercio, inversión, autonomía en materias primas críticas— sin regalarle a la oposición el encuadre de “traición” al agro. Para el Mercosur, el reto es evitar que el acuerdo se traduzca en una inserción reprimarizada y asimétrica: la clave será convertir acceso a mercado en diversificación, productividad y encadenamientos, a la vez que se atienden las exigencias ambientales que hoy definen la legitimidad internacional del pacto.
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