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- Un fiscal acusa al expresidente de Corea del Sur de impulsar un autogolpe de Estado a través de la ley marcial. Por eso, pide que se lo condene con la pena de muerte
- Pero Yoon niega los cargos y alega que la ley marcial estaba dentro de las competencias presidenciales
- Pero, más allá de la resolución, la realidad es que Corea del Sur no ha cumplido una sentencia de muerte en casi tres décadas
Aunque la noticia no deja de sorprender, principalmente viniendo de una democracia como Corea del Sur, un fiscal especial formalmente ha solicitado la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol por impulsar un autogolpe de Estado en 2024.
En los argumentos finales en el Tribunal Central de Seúl, el fiscal dijo que los investigadores confirmaron la existencia de un plan supuestamente dirigido por Yoon y su exministro de defensa, Kim Yong-hyun, que data de octubre de 2023, diseñado para mantener a Yoon en el poder.
“Yoon afirma haber impulsado la ley marcial de emergencia para proteger la democracia liberal. Pero su ley marcial de emergencia inconstitucional e ilegal socavó la función de la Asamblea Nacional y de la Comisión Electoral, destruyendo realmente el orden constitucional liberal democrático”, explicó el fiscal.
“El acusado no ha lamentado sinceramente el crimen y no ha pedido perdón adecuadamente al pueblo”, agregó.
Cabe recordar que el intento de Yoon de imponer la ley marcial duró solo unas seis horas. Pero provocó una conmoción en Corea del Sur, la cuarta economía más grande de Asia y una de las democracias más resilientes del mundo.
El futuro de Yoon
Yoon, de 65 años, ha negado los cargos. En este sentido, dijo que declaró la ley marcial para defenderse de la “maldad que arruinaría la nación”.
También argumentó que estaba dentro de sus poderes como presidente declarar la ley marcial y que la acción tenía como objetivo alertar sobre la obstrucción del gobierno por parte de los partidos de la oposición.
El tribunal se pronunciará sobre el caso el 19 de febrero. Corea del Sur dictó la última sentencia de muerte en 2016, pero no ha ejecutado a nadie desde 1997.
El antecedente
En un caso judicial anterior, en 1995-1996, cuando los expresidentes surcoreanos Chun Doo-hwan y Roh Tae-woo fueron acusados de insurrección, los fiscales solicitaron la pena de muerte y cadena perpetua para Chun y Roh, respectivamente.
Un tribunal inferior impuso la pena de muerte a Chun y a Roh una pena de 2 años y medio de prisión, antes de que un tribunal de apelaciones revisara la condena a cadena perpetua para Chun y a 17 años para Roh.
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