El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el pasado lunes 5 de enero a las 10:00 AM hora Nueva York en una sesión de emergencia por solicitud de Venezuela. El encuentro respondió a los hechos acontecidos el sábado 3 de enero, cuando Estados Unidos bombardeó Caracas, y otras localidades en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, y capturó al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ambos con cargos por narcoterrorismo, los cuales Maduro recientemente negó frente a un tribunal federal de Nueva York.
“La Carta (de las Naciones Unidas) consagra la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, recordó este lunes el Secretario General, António Guterres, al Consejo de Seguridad.
“En situaciones tan confusas y complejas como la que enfrentamos actualmente, es importante apegarse a los principios. Respeto por la Carta de las Naciones Unidas (…) Respeto por los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados. Prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza. El poder de la ley debe prevalecer”, continuó el mensaje de Guterres.
Durante la reunión, la mayoría de los países latinoamericanos, a los que se sumó también España, se pronunciaron en favor de la paz y el respeto del derecho internacional, la soberanía nacional y la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, los representantes de estos Estados evocaron las amenazas recientes de Trump en torno a establecer acciones militares en Colombia y México por razones relacionadas al narcotráfico, además de la voluntad del líder estadounidense de hacerse del territorio danés de Groenlandia.
En este contexto, Brasil condenó la intervención armada en Venezuela, considerando a la misma como una “flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas” y estableciendo que “los bombardeos y la captura de su presidente traspasan una línea inaceptable”. Su representante defendió a América Latina como “zona de paz”, sosteniendo, además, que la solución a la crisis de Venezuela debe hallarse en línea con “la autodeterminación del pueblo venezolano”.
Por su parte, México rechazó la acción militar estadounidense, alegando que la misma viola el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, estableciendo, además, que cualquier discurso que pregone una escalada militar pone en peligro la estabilidad de la región. También coincidió con Brasil en cuanto a la búsqueda de soluciones pacíficas, democráticas y negociadas que respondan a la autodeterminación del pueblo venezolano, en un fuerte rechazo a la predisposición estadounidense de hacerse del control del país e impulsar cambios de régimen.
En cuanto a Cuba, su representante rechazó la intervención militar como una “agresión imperialista y fascista con objetivos de dominación que pretende revivir la Doctrina Monroe”, invocando a la comunidad internacional a “condenar y enfrentar este acto de terrorismo de Estado”, defendiendo a Latinoamérica como zona de paz.
Asimismo, Chile también condenó las acciones militares de Estados Unidos, sosteniendo su compromiso con la integridad territorial, la soberanía y la solución pacífica de los conflictos.
En dirección contraria, Argentina respaldó la intervención militar de EEUU en Venezuela, declarando a Nicolás Maduro como dictador y líder de organizaciones consideradas terroristas por el país. Además, el representante argentino reconoció en las medidas tomadas por el gobierno estadounidense un avance clave en la lucha contra el narcoterrorismo en la región.
Por su parte, Paraguay coincidió con Argentina y declaró que la captura de Maduro puso fin a la amenaza existente contra la estabilidad de la región, sosteniendo, además, que es necesario que Venezuela transite una restauración democrática de inmediato.
El embajador de España rechazó la intervención militar unilateral estadounidense, declarando a la misma como un precedente peligroso con implicaciones regionales e internacionales, defendiendo los recursos naturales venezolanos como parte de su soberanía. En adhesión, el representante español estableció la importancia en la cooperación internacional y el diálogo como medios a través de los cuales puede resolverse la crisis en Venezuela, no reconociendo a la intervención militar como una opción.
Venezuela acusa a Estados Unidos de incumplir el derecho internacional
El embajador de Venezuela, Samuel Moncada, declaró a la intervención militar de Estados Unidos como un acto de agresión, y declaró que “la paz internacional solo puede sostenerse si el derecho internacional es respetado sin excepciones, sin dobles raseros”, asegurando, además, que el secuestro de un jefe de Estado vulnera la inmunidad personal.
Por otro lado, estableció que “no podemos ignorar un elemento central de esta agresión estadounidense: Venezuela es víctima de estos ataques por razón de sus riquezas naturales (…) Cuando el uso de la fuerza se emplea para controlar recursos, imponer gobiernos o rediseñar Estados, estamos ante una lógica que remite a las peores prácticas del colonialismo y del neocolonialismo”. Concluyó afirmando que “hoy no está en juego únicamente la soberanía de Venezuela. Está en juego la credibilidad del derecho internacional, la autoridad de esta Organización y la vigencia del principio de que ningún Estado puede erigirse en juez, parte y ejecutor del orden mundial”.
Estados Unidos defiende su accionar frente al Consejo de Seguridad de la ONU
El diplomático estadounidense Mike Waltz declaró de carácter legal la operación impulsada por Washington el pasado 3 de enero contra dos “narcoterroristas” fugitivos.
Asimismo, sostuvo que Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo, evocando el rechazo de más de 50 países al resultado de las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024.
Además, acusó al líder chavista de formar parte de una gran red de narcotráfico, de colaborar con organizaciones terroristas y presentar un peligro para la estabilidad del continente americano.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó gran alarma por el ataque militar y declaró que sentaba un “peligroso precedente” y profundizaba la inestabilidad en Venezuela y la región. Frente a este escenario, solicitó que se respetasen la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de los Estados.
