La reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos vinculados a drogas y armas, reconfiguró el escenario político y de seguridad en América Latina. Más allá de las implicancias internas para Venezuela, el episodio provocó reacciones inmediatas de actores armados no estatales, como las guerrillas disidentes de Colombia, y gobiernos regionales, poniendo en evidencia la fragilidad del equilibrio geopolítico en la región.
Posterior a la captura de Maduro, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia fue uno de los primeros en pronunciarse. A través de un comunicado de su Frente de Guerra Oriental, la organización denunció lo que calificó como una nueva violación del “imperialismo estadounidense” contra la soberanía de los países de América Latina. El grupo expresó su respaldo al pueblo y al gobierno venezolanos, y llamó a los Estados de la región a rechazar la intervención extranjera y a promover la resistencia popular frente a Washington.
En una línea similar, facciones disidentes del antiguo grupo guerrillero de las FARC difundieron mensajes en redes sociales en los que aseguraron estar dispuestas a combatir a Estados Unidos. Estas declaraciones refuerzan la narrativa de confrontación regional y subrayan el potencial de escalada del conflicto más allá de las fronteras venezolanas, particularmente en zonas con histórica presencia de grupos armados.
El presidente de Colombia responde a la operación de EE.UU.
Por su parte, ante el temor de que la acción militar estadounidense pudiera extenderse o generar represalias, el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó la operación como un “asalto a la soberanía” latinoamericana y ordenó el refuerzo de tropas en la frontera con Venezuela. Paralelamente, las autoridades del país emitieron alertas de seguridad frente a posibles ataques de organizaciones armadas, en un contexto ya marcado por tensiones bilaterales.
Este escenario se ve agravado por la información contenida en un informe reciente de InSight, que señala que tres de las cinco principales divisiones de combate del ELN operan desde territorio venezolano. Según el documento, el grupo utiliza ese espacio para tareas logísticas, entrenamiento y movilidad transfronteriza, lo que confirma la dimensión internacional del conflicto y la interdependencia entre seguridad interna colombiana y estabilidad política venezolana.
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