A finales de diciembre de 2025, la relación diplomática entre Bogotá y Caracas ha transitado de la normalización pragmática iniciada en 2022, hacia una fase de distanciamiento crítico que redefine el equilibrio de poder en la región andina. Lo que inicialmente se proyectó como una alianza ideológica sólida bajo el mandato de Gustavo Petro ha sucumbido ante las presiones de la política interna colombiana y la deriva autoritaria del gobierno de Nicolás Maduro. El punto de inflexión definitivo se ha manifestado tras el reciente estancamiento de diálogos democráticos en Venezuela, lo que ha forzado a Petro a recalibrar su postura exterior para proteger su propia legitimidad frente a la comunidad internacional y sus aliados en el bloque progresista sudamericano.

La defensa de la soberanía y el rechazo a la cooperación militar
El hecho más significativo de esta nueva etapa ocurrió el 18 de diciembre de 2025, cuando el presidente Gustavo Petro rechazó de manera contundente la propuesta de Nicolás Maduro de establecer una “unión militar” para la defensa fronteriza. Este movimiento no solo constituye una reafirmación de la soberanía nacional de Colombia, sino que marca una línea roja infranqueable respecto a la autonomía de las Fuerzas Armadas colombianas. Al declarar que la institución militar solo responde a los mandatos constitucionales internos, Petro ha desarticulado cualquier pretensión de Caracas de utilizar la vecindad como un escudo estratégico contra las presiones externas que enfrenta el chavismo.
Este rechazo a la integración militar evidencia que, para la Casa de Nariño, la seguridad nacional ha prevalecido sobre la afinidad retórica. Desde una perspectiva de Realpolitik, Petro entiende que permitir una injerencia o coordinación operativa de alto nivel con el ejército venezolano comprometería la confianza de sus socios tradicionales en materia de defensa, particularmente con Washington. En un contexto de revisión de tratados y cooperación tecnológica, mantener la independencia estratégica se ha vuelto una prioridad absoluta para evitar que Colombia sea percibida como un satélite de la influencia venezolana en el hemisferio.
El factor del ELN y el estancamiento de la “Paz Total”
Un segundo eje de fricción fundamental es el papel de Venezuela como facilitador en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Hacia finales de 2025, la percepción en Bogotá ha cambiado drásticamente: de ver a Maduro como un mediador indispensable, se ha pasado a cuestionar la efectividad de Caracas para contener a los grupos insurgentes que utilizan el territorio venezolano como santuario. La falta de resultados tangibles en la reducción de la violencia fronteriza ha desgastado la confianza de Petro, quien ahora ve la inacción o connivencia de las autoridades venezolanas como un sabotaje directo a su política insignia de “Paz Total”.

Esta disonancia estratégica ha generado que el gobierno colombiano adopte un tono mucho más exigente en las mesas de negociación. La contradicción radica en que, mientras Petro busca una salida negociada al conflicto interno, la presencia de estructuras criminales transnacionales bajo el amparo indirecto del chavismo vulnera la estabilidad de los departamentos fronterizos. Por ello, el distanciamiento no es solo un gesto diplomático, sino una necesidad operativa para presionar a Venezuela a ejercer un control real sobre su soberanía territorial, evitando que el conflicto armado colombiano siga alimentándose de la porosidad de una frontera que Caracas no parece interesada en sellar.
Reposicionamiento de liderazgo en la izquierda democrática regional
En el plano geopolítico regional, la decisión de Petro de alejarse de Maduro busca consolidar un nuevo eje de liderazgo junto a figuras como Gabriel Boric en Chile y Lula da Silva en Brasil. Este bloque de “izquierda institucional” intenta diferenciarse explícitamente del modelo venezolano para rescatar la viabilidad de la integración regional basada en principios democráticos y derechos humanos. Para Petro, mantenerse excesivamente cerca de una Venezuela aislada y cuestionada electoralmente representaría un suicidio político que cerraría las puertas de los foros internacionales donde Colombia busca liderar la agenda de transición energética y justicia climática.
Este reposicionamiento estratégico permite a Colombia actuar como un interlocutor válido ante las potencias globales sin cargar con el lastre reputacional del Palacio de Miraflores. La estrategia de Petro consiste en demostrar que es posible ser un gobierno progresista con una agenda de cambio social profundo sin renunciar a los estándares de la democracia representativa. Al marcar esta distancia sanitaria, Bogotá asegura su acceso a financiamiento internacional y fortalece su posición en organismos como la OEA y la ONU, donde la situación de Venezuela sigue siendo un tema de división profunda que Colombia ya no está dispuesta a defender de manera incondicional.

HANDOUT – Venezuelan Presidency
El impacto migratorio y el agotamiento de la paciencia social
Asimismo, la persistencia de la crisis migratoria venezolana a lo largo de 2025 ha generado una presión fiscal y social interna que Petro ya no puede ignorar. La incapacidad del gobierno de Maduro para generar condiciones mínimas de estabilidad ha provocado que el flujo de refugiados hacia Colombia se mantenga constante, desbordando las capacidades de los gobiernos locales y tensionando los servicios públicos. Este fenómeno ha erosionado la base de apoyo popular de Petro en las regiones fronterizas, donde la población percibe que la normalización de relaciones de 2022 no ha traído los beneficios económicos prometidos, sino una carga social insostenible.
Este distanciamiento entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro no es un hecho aislado, sino la respuesta lógica a un conflicto de intereses nacionales irreconciliables en el corto plazo. El pragmatismo ha reemplazado a la fraternidad ideológica, dejando claro que para el Estado colombiano, la estabilidad fronteriza, la soberanía militar y la legitimidad democrática son activos que no se pueden sacrificar en nombre de una unidad regional vacía de contenido. Lo que hoy vemos es el surgimiento de una relación basada en la coexistencia necesaria pero fría, donde la desconfianza estratégica será la norma hasta que Venezuela presente cambios estructurales en su modelo de gobernanza.
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