Una petrolera británica sancionada por la Argentina, conocida como Premier Oil PLC, estaría estableciéndose en las provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; Neuquén y Río Negro, para operar ilegalmente a través de la compañía Harbour Energy. Se cree que la empresa planea operar a través de la asociación con diversas hidrocarburíferas, como el consorcio Southern Energy, integrado por la empresa Harbour Energy -que “esconde” a Premier Oil PLC-.
En resumen, la británica “Premier Oil PLC” ahora opera con el nombre de “Harbour Energy”, lo que le permitió apropiarse de cinco grandes negocios petroleros en Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego. Desde diversos medios han denunciado que Premier Oil operó durante más de una década el yacimiento offshore de Sea Lion, a 218 kilómetros al Norte de las Islas Malvinas, entre febrero de 2012 y diciembre de 2022.
La situación fue inicialmente documentada por Alejandro Pairone, de Tiempo Argentino, el pasado 9 de agosto, afirmando que “al menos una empresa petrolera británica sancionada y embargada por el Estado en 2012 por operar ilegalmente en las Islas Malvinas, ha desembarcado en negocios locales pese a tenerlo expresamente prohibido”. El periodista destaca que Premier Oil tiene incautaciones, secuestros de activos y de cuentas bancarias ordenados por la Justicia Federal en 2015, que aún no han sido ejecutados.
El pasado martes, la diputada de la provincia de Río Negro, Magdalena Odarda, reclamó una investigación a la Fiscalía de Investigaciones administrativas por la posible comisión de delitos de acción pública por parte del propio Gobernador Alberto Wereltilneck y sus funcionarios. El pedido surge luego de que Weretilneck sea denunciado por autorizar a esta petrolera a trabajar en su territorio. “Ahora Weretilneck deberá justificar ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de la provincia las razones por las que autorizó”, según Tiempo Argentino.
Sobre la prohibición a Premier Oil
Premier Oil “desembarcó” en las Islas Malvinas en el año 2012, específicamente en los yacimientos offshore de Sea Lion, en sociedad con la también británica Rockhopper Explorations. Años después se fusionó con Chrysaor Holdings PLC para fundar una nueva petrolera: Harbour Energy, que pocos meses después vendió sus operaciones a la israelí Navitas Petroleum y abandonó Malvinas.
“En ese lapso, Premier Oil fue reiteradamente advertida y finalmente sancionada por el Gobierno nacional con 15 años de prohibición de operar en la Argentina por sus actividades “ilegales y clandestinas”, que como un delito de acción continua se cometieron consuetudinariamente hasta el día que abandonó su operación ilegal en territorio argentino, ya convertida en Harbour Energy”, destaca Natasha Niebieskikwiat.
Sin embargo, diversos sectores sostienen que esa legislación sobre Malvinas nunca se derogó y, peor aún, sigue en vigencia. Para la ley argentina esa práctica es ilegal, al igual que cuando barcos de bandera extranjera utilizan la bandera ilegal de las Islas Malvinas, hecho prohibido por normativa del Mercosur en los puertos del bloque.
Fuentes en el sector petrolífero aseguran que Harbour no opera en dichas aguas en disputa, y que cuando el Estado argentino realizó la denuncia se retiró inmediatamente. No obstante, Harbour Energy es una empresa activa, con una composición accionaria diversa: desde Harbour Energy son BASF (46,5 %), con sede en Alemania, hasta Citigroup Nueva York (8%) y EIG Global Energy Partners de Estados Unidos (8%).
Silencio gubernamental
En un contexto nacional donde se observa claramente el protagonismo energético, así como también el auge exportador de Vaca Muerta, ciertas noticias parecen diseñadas para pasar desapercibidas. El sector energético domina la narrativa oficial, aunque tal vez ese sea el verdadero objetivo: que la atención pública se concentre en los récords de productividad y no en el desembarco de una petrolera británica sancionada por operar ilegalmente en nuestras islas.
Mientras se celebran cifras históricas de producción y se proyectan nuevos proyectos de desarrollo en Vaca Muerta, la actividad de una firma británica con antecedentes de violación a la soberanía argentina no puede mantenerse, ni justificarse. Tampoco puede ser leída como una “contradicción incómoda”: en la disputa por los recursos, pero mucho más por una causa nacional, todos los actores deben jugar con las mismas reglas.
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