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En una intervención ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno argentino denunció que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela encabeza una estructura represiva sistemática que perpetúa violaciones graves a los derechos humanos. En el centro de su intervención, Argentina reclamó por la desaparición forzada del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024 por fuerzas del chavismo tras ingresar al país para visitar a su familia.
La exposición estuvo a cargo del embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, quien remarcó que los crímenes del régimen venezolano no son hechos aislados, sino parte de un aparato estatal diseñado para aplastar la disidencia y sostener un gobierno ilegítimo. “El crimen se sigue cometiendo todos los días desde esa ilegitimidad. Hay muchos Nahuel Gallo en Venezuela”, declaró Cherniak, aludiendo al caso del gendarme como símbolo de una práctica sistemática de desapariciones forzadas.
Un crimen que no cesa
Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 al cruzar la frontera desde Colombia. Su detención ocurrió tras las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio, cuyos resultados dieron el triunfo a Edmundo González Urrutia, aunque nunca fueron reconocidos oficialmente por el régimen de Maduro. Desde entonces, se denunció una escalada represiva contra opositores, periodistas y ciudadanos críticos del gobierno.
La denuncia argentina se produjo en el marco de una presentación formal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezada por la relatora para Venezuela, Gloria Monique de Mees. El informe expuso una actualización detallada de la crisis institucional venezolana, incluyendo casos de detenciones arbitrarias, asesinatos en contexto de protestas, tortura, censura y desapariciones.
El colapso de la democracia en Venezuela
El documento de la CIDH fue categórico: “Más de un año después, el Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado las actas necesarias para verificar los resultados que declararon a Nicolás Maduro como ganador”. Además, se indicó que “la negativa a proporcionar incluso los datos electorales más básicos viola tanto leyes nacionales como normas internacionales”.
Según la relatora Mees, el Estado venezolano admitió haber detenido a más de 2.000 personas durante las protestas postelectorales. De los 25 fallecidos registrados, 24 murieron por heridas de bala en la cabeza o el pecho, y solo uno pertenecía a la Guardia Nacional. También se documentaron operativos denominados “Operación Tun Tun”, donde decenas de adolescentes, en su mayoría de bajos recursos, fueron arrestados sin justificación clara.
“Un año después, no hay justicia, ni rendición de cuentas, ni medidas significativas para investigar estas muertes o proteger los derechos de los que siguen detenidos”, afirmó el reporte.
Argentina reclama protagonismo y denuncia exportación de inestabilidad
Durante su intervención, Cherniak no solo reclamó por el caso de Gallo, sino que también advirtió sobre las implicancias regionales del accionar del chavismo: “Cuando un régimen político se convierte en un exportador de organizaciones terroristas, se convierte en un factor de desestabilización regional, afectando la seguridad multidimensional”.
El embajador argentino llamó a la OEA a no permanecer en silencio: “¿Cuál es la obligación moral que tiene esta Organización respecto del caso venezolano? Denunciar, exponer públicamente, ser la voz de los sin voz. Jamás naturalizarlo o silenciarlo”.
Reacciones divididas en el foro regional
Tras la intervención de Cherniak y la presentación de la CIDH, varios países fijaron posición. Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, Paraguay, Perú, Guatemala y Ecuador condenaron con distintos matices la situación en Venezuela. En cambio, México, Colombia y Bolivia optaron por el silencio diplomático, mientras que la representación de Brasil, aliada del chavismo bajo la gestión de Lula da Silva, apeló al principio de no injerencia para evitar condenar al régimen.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, se ausentó de la sesión. La respuesta institucional quedó en manos del secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, Sebastián Kraljevich, quien ofreció un discurso protocolar sin compromisos sustantivos.
Un régimen cada vez más aislado
La intervención argentina se inscribe en una serie de acciones diplomáticas tendientes a reforzar el aislamiento del régimen de Nicolás Maduro en los foros multilaterales. El caso de Nahuel Gallo, al ser un ciudadano argentino, ha tomado centralidad en la agenda exterior del gobierno de Javier Milei, que busca articular una narrativa de defensa de los derechos humanos y de condena a las dictaduras en la región.
El reclamo por su liberación fue enfático: “No es solo un número dentro de una estadística, es una vida, una familia, un nombre con apellido”, enfatizó Cherniak, visibilizando la urgencia humanitaria del caso.
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