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La administración de Donald Trump autorizó a la compañía energética estadounidense Chevron a retomar sus operaciones petroleras en Venezuela, restaurando parcialmente una licencia que había sido revocada meses atrás. La medida busca avanzar en dos frentes prioritarios para el actual gobierno republicano: contener el aumento de exportaciones venezolanas hacia China y acelerar las deportaciones de migrantes venezolanos aceptadas por el régimen de Nicolás Maduro.
La decisión, confirmada por funcionarios del Departamento de Estado bajo condición de anonimato, permite a Chevron extraer y exportar petróleo desde Venezuela exclusivamente hacia Estados Unidos por un período inicial de seis meses, con opción de renovación. La licencia mantiene condiciones similares a las que rigieron durante la administración Biden, pero responde a un nuevo enfoque de “interés estratégico” propio del programa America First que el presidente Trump ha reinstalado con fuerza en su segundo mandato.
El restablecimiento de esta autorización se produce tras el retorno a Venezuela de 252 migrantes deportados desde un centro de detención en El Salvador, en el marco de un acuerdo que incluyó la liberación de diez ciudadanos y residentes estadounidenses previamente detenidos en Venezuela. Para la Casa Blanca, el entendimiento representa un punto de inflexión en la relación con Caracas, ahora guiada por intereses pragmáticos más que por consideraciones ideológicas.
Chevron vuelve al centro de la escena
Chevron, uno de los pocos gigantes energéticos estadounidenses que conservó presencia en Venezuela tras las sanciones de 2019, había visto su licencia suspendida por Trump en febrero de 2025 como parte de una ofensiva contra las concesiones otorgadas previamente por el gobierno de Joe Biden. No obstante, presiones internas y el deterioro del balance comercial energético con China impulsaron al mandatario a reconsiderar su postura.
Richard Grenell, enviado presidencial especial, y el secretario de Estado Marco Rubio —histórico crítico del chavismo— habrían jugado un rol central en el cambio de dirección, junto con el vicejefe de Gabinete Stephen Miller. Según fuentes oficiales, se alcanzó un entendimiento político en virtud del cual Venezuela aumentará la recepción de vuelos con migrantes deportados, mientras Chevron y otras empresas podrían aliviar parcialmente la devastada economía venezolana sin fortalecer al aparato represivo del régimen.
“Se trata de apoyar a empresas estadounidenses sin empoderar al chavismo”, indicaron voceros del Departamento de Estado al Washington Post. Aunque el gobierno mantiene su posición de que Maduro no es un presidente legítimo, la renovada licencia busca evitar que los recursos energéticos venezolanos sigan fluyendo hacia aliados estratégicos de Caracas como Irán o China.
Geopolítica, petróleo y migración
El telón de fondo de esta maniobra diplomática incluye una creciente preocupación por el incremento de exportaciones venezolanas hacia Asia y por el flujo sostenido de migrantes hacia Estados Unidos. Desde hace meses, Venezuela venía aceptando dos vuelos semanales de deportados, cifra que Washington espera ahora aumentar. Al mismo tiempo, la reapertura de operaciones para Chevron se presenta como un modo de incidir en la recuperación económica del país sudamericano, apuntando a atacar las causas estructurales de la migración masiva.
La administración Trump considera que “cada barril que sale hacia Estados Unidos es un barril que no llega a China”, y ese cálculo pesa tanto como cualquier otro en su estrategia hemisférica.
Por su parte, Chevron comunicó oficialmente que continuará “cumpliendo con todas las leyes y marcos regulatorios aplicables”, incluyendo las sanciones impuestas por el propio gobierno estadounidense.
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