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Tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022, Estados Unidos y sus aliados implementaron una serie de medidas económicas sin precedentes, entre ellas el congelamiento de los activos soberanos del Banco Central de Rusia en sus jurisdicciones. Esta herramienta financiera fue concebida como un medio para debilitar la capacidad de guerra rusa y, al mismo tiempo, respaldar económicamente a Ucrania.
Sin embargo, a más de tres años de ese congelamiento y en un escenario geopolítico cambiante, su destino continúa siendo motivo de intenso debate entre los principales actores involucrados.
Aproximadamente 200.000 millones de esos activos están gestionados por Euroclear, un depositario central de valores con sede en Bélgica, que ha convertido la mayoría de los títulos de deuda en efectivo, generando así ingresos por intereses estimados en 7.000 millones de dólares en 2024. Una parte de esos ingresos ha sido transferida por Bélgica directamente a Ucrania, y el resto se canaliza a través del Fondo Europeo para Ucrania.
Divergencias entre confiscación y préstamo de intereses
Pese a la magnitud de los recursos retenidos, ni el G7 ni la UE han aprobado la incautación completa de estos fondos debido a los riesgos legales que implicaría y a las consecuencias para la arquitectura financiera internacional. En abril de 2024, el presidente Joe Biden promulgó la Ley REPO, que autorizaba la confiscación de activos en territorio estadounidense, pero su gobierno optó por no ejercer esta facultad.
Estados Unidos y la UE aportaron aproximadamente 20.000 millones de dólares cada uno, mientras que Canadá, Reino Unido y Japón completaron el total. En este contexto, los ingresos extraordinarios de Euroclear se utilizan para asegurar la devolución del préstamo ERA y, en menor medida, para gastos de defensa bajo el Fondo Europeo de Paz.
Debate político en Estados Unidos y Europa
La política estadounidense sobre la incautación ha sido ambigua tras el retorno de Donald Trump a la presidencia. Voceros de su administración, como el secretario de Estado Macron Rubio y el asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz, han hecho afirmaciones inexactas sobre la incautación de activos, mientras que otras figuras como el enviado especial Keith Kellogg han dejado la puerta abierta a futuras decisiones presidenciales.
En Europa, la postura es más fragmentada. Algunos países como Estonia, Polonia y el Reino Unido se han mostrado a favor de la incautación total, mientras que Francia, Alemania y Bélgica mantienen posturas cautelosas. Las preocupaciones legales, diplomáticas y económicas predominan, especialmente en lo que respecta a posibles represalias rusas y a la integridad del sistema financiero europeo. Bélgica, sede de Euroclear, ha calificado cualquier incautación como “un acto de guerra”.
Moscú responde con amenazas legales y represalias
El Kremlin ha denunciado que la incautación de sus activos sería una violación flagrante del derecho internacional, aunque no ha emprendido acciones judiciales contra el préstamo ERA.
Según fuentes citadas por Reuters, el Kremlin estaría dispuesto a cederlos en el marco de un eventual acuerdo de paz, siempre que se cumplan sus exigencias territoriales y de seguridad.
La UE, Ucrania y el control sobre las negociaciones
Aunque Estados Unidos y Rusia entablaron negociaciones bilaterales a inicios de 2025, excluyendo a Europa y Ucrania, la mayor parte de los activos congelados se encuentran bajo jurisdicción de la UE, lo que limita la posibilidad de un acuerdo sin su participación. Además, Ucrania retiene derechos legales sobre dichos fondos.
El G7 ha reiterado su compromiso de mantener congelados los fondos rusos hasta que se paguen reparaciones por la guerra, pero la necesidad de decisiones unánimes para renovar las sanciones cada seis meses expone el sistema a bloqueos por parte de gobiernos afines a Moscú como Hungría o Eslovaquia.
Nuevos mecanismos de gestión en discusión
Para sortear estas trabas, autoridades europeas están diseñando un mecanismo financiero que canalice los activos a través de un vehículo de inversión administrado por la UE. Este instrumento permitiría invertir el dinero en activos más rentables, generar mayores ingresos para Ucrania y aislar el manejo de fondos del régimen de sanciones.
En última instancia, el futuro de los activos congelados está íntimamente ligado a la evolución de la guerra, a la cohesión política dentro de la UE y a la capacidad de los aliados occidentales para sostener el apoyo a Ucrania en un escenario de creciente presión diplomática y financiera.
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