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Recientemente, el gobierno ilegal de las Islas Malvinas confirmó la aprobación de nuevos contratos para la fabricación, entrega e instalación de un nuevo puerto. Según información prevista en el medio Penguin News, el “Consejo Ejecutivo” de las islas prevé también el desmantelamiento de la instalación existente y la entrega de una nueva carretera de acceso y calzada.
Los integrantes de la administración británica de las islas destacaron que aún resta completar negociaciones y ultimar condiciones estructurales. Si bien no fueron obtenidos mayores detalles, la finalización de la totalidad del proyecto se estima para 2027.
Decisiones anticipadas
A principios del mes de marzo, el legislador británico de las Islas, Mark Pollard, confirmó que se esperaban noticias sobre el proyecto del nuevo puerto y su renovación. Respondiendo a las inquietudes de los ciudadanos, subrayó que el gobierno ilegal recibiría próximamente una propuesta completa con todos los costos, permitiéndole tomar decisiones y asignar contratos para las obras de infraestructura.
En su momento, el funcionario afirmó que este informe incluiría los tres aspectos más importantes del proyecto: el camino de acceso al obrador y la calzada definitiva al puerto nuevo una vez concluida la obra; la fabricación de las barcazas necesarias para la cimentación del trabajo; y el desmantelamiento de la actual estructura FIPASS, instalada en 1984.
Pollard también destacó en su momento que la idea prevalente es que el puerto nuevo será similar a la actual estructura de FIPASS, aunque será construido a partir de grandes barcazas. En total las barcazas ocuparán unos 400 metros de espacio donde amarrar barcos y tendrá un mayor ancho que el actual.
Infraestructura en auge
La construcción y renovación del puerto es una obra que el ilegal gobierno de Malvinas llega programada desde hace años. Plantea una fuerte inversión, tal vez la más grande en la historia de la administración británica, aunque enfrenta sus desafíos.
Según el medio Penguin, “se ha topado con una inesperada inflación internacional de costos, en momentos que la principal fuente de ingresos de las Islas, la pesca, afronta algunos problemas”. La situación ha “obligado al gobierno de las Islas a tomar créditos internacionales, algo antes no ocurrido, aunque en condiciones muy favorables”.
Lo cierto es que estos anuncios se condicen con lo anticipado el pasado mes de marzo, cuando el enclave administrativo aseguró una financiación de £150 millones para impulsar su programa de inversiones en infraestructura, principalmente en el mencionado puerto. Esta financiación se obtuvo mediante una colocación privada inicial, organizada con el apoyo de Rothschild & Co, que atrajo inversiones de, £100 millones de Legal & General (L&G) y £50 millones de Aberdeen Group PLC.
¿Y Argentina?
La ejecución de proyectos cruciales como la sustitución del FIPASS es considerada por los gobernantes británicos de las Islas como “un factor clave”, ya que “pueden marcar una diferencia real tanto a nivel social como económico“. Sin embargo, este tipo de construcciones le otorgan al enclave una puerta de entrada estratégica al Atlántico Sur y a la Antártida.
La construcción de este puerto debería ser motivo de preocupación para el gobierno argentino, ya que se lleva a cabo en un territorio cuya soberanía sigue en disputa. El avance de esta obra no sólo desestima los legítimos reclamos de Argentina sobre la unilateralidad de las acciones británicas, sino que también ignora los llamados internacionales a retomar el diálogo entre ambas naciones.
Actualmente, el gobierno argentino no ha emitido ninguna carta de protesta frente a los avances edilicios del ilegal gobierno británico de las Islas. De seguir así, el Reino Unido fortalecerá su presencia en las Malvinas mediante infraestructura estratégica y afianzará su control sobre recursos naturales clave, consolidando una postura unilateral en un conflicto aún sin resolver.
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