El Tribunal Superior de Londres afirma que Israel no está cometiendo genocidio en Gaza en un caso de exportación de armas. La demanda, presentada por la organización palestina de derechos humanos Al-Haq y la Red Global de Acción Legal (GLAN), con el respaldo de Amnistía Internacional, Oxfam y Human Rights Watch, cuestiona la legalidad de la decisión del gobierno británico de continuar exportando componentes para los cazas F-35 utilizados por Israel en Gaza.

En este sentido, la organización alega que a pesar de suspender otras licencias de exportación de armas en septiembre de 2024, el Reino Unido mantuvo una excepción para el programa F-35, argumentando que su interrupción podría comprometer la seguridad internacional y la cohesión de la OTAN.
Sin embargo, los abogados del gobierno británico sostienen que no existe evidencia de que Israel esté cometiendo genocidio en Gaza ni de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) estén atacando deliberadamente a mujeres y niños. Afirman que el Reino Unido solo tiene la obligación de prevenir violaciones del derecho internacional humanitario dentro de su jurisdicción y que las decisiones de política exterior no son justiciables.

Por otro lado, Al-Haq argumenta que la excepción para el F-35 viola las obligaciones legales nacionales e internacionales del Reino Unido, incluidas las Convenciones de Ginebra, la Convención sobre el Genocidio y el Tratado de Comercio de Armas. La organización destaca la magnitud de la crisis humanitaria en Gaza, con más de 50.000 palestinos muertos, incluidos al menos 15.000 niños, y más de 214.000 heridos, según informes oficiales del Ministerio de Salud palestino citados por agencias de la ONU.
El caso también suscitó preocupaciones sobre posibles conflictos de interés por parte de Reino Unido
Se informó que altos funcionarios del Ministerio de Defensa del Reino Unido mantuvieron reuniones con ejecutivos de empresas de defensa involucradas en la producción del F-35, como Lockheed Martin y BAE Systems, lo que llevó a cuestionar la imparcialidad en la toma de decisiones relacionadas con las exportaciones de armas. Se espera que la audiencia concluya el viernes, con una decisión escrita que se emitirá posteriormente.
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