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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó transferir el control de una franja de tierras federales a lo largo de la frontera con México al Departamento de Defensa. Esta acción permitirá al Ejército de EE. UU. gestionar la zona como parte de una instalación militar, lo que podría facultar a las tropas para detener a personas que ingresen sin autorización, incluidos migrantes, según informaron funcionarios estadounidenses.
Dicha franja, conocida como la Reserva Roosevelt, es un corredor de aproximadamente 18 metros de ancho que se extiende a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, abarcando partes de California, Arizona y Nuevo México. Originalmente, fue establecida en 1907 por el presidente Theodore Roosevelt para prevenir el contrabando, esta área había estado bajo la administración del Departamento del Interior hasta que el presidente Trump ordenó su transferencia al Departamento de Defensa mediante un memorando presidencial emitido el pasado 11 de abril de 2025.
De acuerdo a lo delineado en el nuevo plan, durante un período de prueba de 45 días, el Ejército instalará cercas adicionales y señales de advertencia en una sección de la Reserva Roosevelt en Nuevo México, al este de Fort Huachuca, una base militar en Arizona. Las personas que ingresen sin autorización a esta zona podrían ser arrestadas por las fuerzas de seguridad del Ejército y entregadas a las agencias civiles correspondientes.
Trump apunta a intensificar la seguridad fronteriza de Estados Unidos
El anuncio de esta medida suscitó controversia legal, ya que la Ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe el uso de tropas estadounidenses en la aplicación de la ley interna en suelo estadounidense. Pero la administración Trump argumenta que, al designar la zona como parte de una instalación militar, las tropas pueden desempeñar funciones de seguridad en la base, lo que incluiría la detención de intrusos.
Actualmente, hay aproximadamente 7,100 soldados en servicio activo bajo control federal asignados a la frontera y unos 4,600 efectivos de la Guardia Nacional bajo control estatal. Hasta ahora, su participación se limitó principalmente a tareas de apoyo, como la construcción de secciones del muro fronterizo y la operación de vuelos de deportación. La nueva directiva representa una intensificación de la participación militar en la seguridad fronteriza.
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