En un contexto de creciente tensión geopolítica entre Estados Unidos y China, el gobierno de Donald Trump ha logrado un importante avance estratégico en América Latina. Un nuevo acuerdo firmado entre altos funcionarios de seguridad de EE.UU. y Panamá permite al Ejército estadounidense desplegar tropas en instalaciones panameñas ubicadas a lo largo del Canal de Panamá. Aunque el tratado no contempla la construcción de bases militares permanentes, representa una significativa ampliación del margen de acción de Washington en uno de los pasos comerciales más relevantes del planeta.
El acuerdo, contenido en un “Memorando de Entendimiento” rubricado por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y el jefe de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, autoriza el uso de instalaciones controladas por Panamá para actividades de entrenamiento, ejercicios conjuntos y otras operaciones aún no especificadas. Si bien Panamá retendrá soberanía y control sobre cada despliegue, el alcance operativo que se concede a Estados Unidos marca un punto de inflexión en la relación bilateral.
Este entendimiento surge tras reiteradas declaraciones del presidente Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, en las que ha denunciado la supuesta influencia desproporcionada de China sobre el canal interoceánico. La vía acuática, por donde circula cerca del 40% del tráfico de contenedores con destino o procedencia estadounidense y el 5% del comercio mundial, ha sido catalogada por la administración Trump como un “activo estratégico que debe recuperarse”.
El mandatario no ha ocultado su malestar por la participación de empresas chinas en la infraestructura portuaria panameña, en particular la compañía Hongkonesa Panamá Ports Company (filial de CK Hutchison), que ha operado terminales en ambos extremos del canal durante décadas. Presionado por Washington, el gobierno panameño ha comenzado a revisar los compromisos contractuales de la empresa, lo que derivó en un anuncio clave: CK Hutchison acordó vender sus 43 puertos en 23 países —incluidos los de Panamá— a un consorcio encabezado por la firma estadounidense BlackRock, por una suma de 19 mil millones de dólares. China respondió furiosa, iniciando una revisión antimonopolio del acuerdo.
El presidente panameño José Raúl Mulino, dejó en claro que su gobierno se negó a permitir la instalación de bases militares estadounidenses permanentes, contempladas inicialmente en borradores previos. En declaraciones desde Perú, Mulino advirtió al secretario Hegseth que “una base estadounidense prendería fuego al país”, en alusión a la sensibilidad histórica del tema. Cabe recordar que Panamá tiene una compleja relación con Estados Unidos, que incluye la ocupación de la zona del canal hasta 1999 y la invasión de 1989 para derrocar al dictador Manuel Noriega, que dejó más de 500 civiles muertos.
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