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El gobierno de Javier Milei oficializó mediante el Decreto 179/2025 la habilitación para alcanzar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de un Programa de Facilidades Extendidas. La decisión, que fue publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma del presidente y de todos sus ministros, desató una controversia legal y política, ya que evita la aprobación del Congreso, a pesar de la vigencia de la Ley de Sostenibilidad de la Deuda que exige la intervención legislativa en este tipo de negociaciones.
El decreto sostiene que la medida se adopta por “necesidad y urgencia”, amparándose en el artículo 60 de la Ley 24.156, que establece que no es indispensable una ley específica para operaciones de crédito público con organismos financieros internacionales de los cuales Argentina es miembro. No obstante, el propio texto reconoce la existencia de la Ley 27.612, promulgada durante el gobierno de Alberto Fernández, que exige la aprobación del Congreso para cualquier programa de financiamiento con el FMI.
Para justificar el procedimiento excepcional, el gobierno de Milei argumentó que la situación económica heredada requería una respuesta inmediata. En este sentido, se hizo referencia al fracaso del acuerdo anterior firmado en 2022 por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, destacando que el FMI tuvo que otorgar dispensas debido a la profundización de los controles cambiarios y de capitales. Además, se reiteró la necesidad de consolidar el ajuste fiscal y la política de déficit cero que impulsa la administración actual.
El decreto también se apoya en la emergencia pública declarada por el Decreto 70/2023 y en la Ley Bases, que establecieron la excepcionalidad de la situación económica, financiera y administrativa del país. En este marco, el Ejecutivo sostiene que la medida es parte de un proceso más amplio de estabilización macroeconómica que incluye la eliminación progresiva del cepo cambiario y la reconstrucción de las reservas del Banco Central.
Impacto en las reservas y estructura del acuerdo
Uno de los puntos centrales del decreto es la utilización de los fondos provenientes del FMI para fortalecer las reservas internacionales del Banco Central. Se detalla que la administración Milei recibió reservas netas negativas por USD 11.200 millones y que, hasta el 6 de marzo de 2025, logró incrementarlas en USD 7.034 millones, aunque todavía continúan en rojo.
El texto establece que los nuevos desembolsos del FMI estarán destinados a la cancelación de las Letras Intransferibles en dólares en poder del Banco Central y a las obligaciones contraídas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas de 2022, cuyos vencimientos operen dentro de los próximos cuatro años.
Según el gobierno, este mecanismo busca mejorar la calidad del balance del Banco Central y reducir el riesgo país, facilitando la reinserción de Argentina en los mercados de crédito internacional.
En cuanto a las condiciones del acuerdo, el decreto indica que el nuevo préstamo tendrá un plazo de reembolso de hasta diez años, con un período de gracia de cuatro años y seis meses. Además, aclara que los fondos no serán utilizados para intervenciones en el mercado cambiario, en un contexto donde el oficialismo busca consolidar su estrategia de liberalización financiera.
Controversia sobre la legalidad del decreto
Tal como mencionó El Estratégico, el procedimiento elegido por el Ejecutivo para cerrar el acuerdo con el FMI ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de la oposición, que lo acusa de eludir el control del Congreso.
Desde el oficialismo, en cambio, argumentan que la facultad del Congreso en materia de deuda pública se limita a aprobar la operación de crédito público, sin necesidad de pronunciarse sobre los términos específicos del acuerdo.
El gobierno sostiene que las circunstancias actuales justifican la emisión del DNU, dado que la demora en la aprobación legislativa podría generar incertidumbre y afectar la estabilidad económica.
En este sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que la discusión parlamentaria podría ser utilizada por sectores opositores para obstaculizar el acuerdo y generar mayor volatilidad en los mercados.
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