Los recientes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo, al noreste de Colombia, dejaron un saldo de al menos 23 muertos y ocho heridos, según el Puesto de Mando Unificado de Norte de Santander. Sin embargo, en reuniones posteriores, autoridades locales estimaron que la cifra podría ascender a 35 fallecidos, aunque aún no fueron confirmadas oficialmente.
Entre las víctimas mortales se encuentran cinco firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, lo que suscitó una fuerte condena por parte de organismos internacionales y figuras públicas. Los municipios de Tibú, El Tarra y Teorama, en la zona del Catatumbo, fueron los particularmente afectados.
Videos captados por residentes muestran tiroteos intensos en áreas habitadas, mientras la población permanece confinada por miedo a ser alcanzada por la violencia. El alcalde de Tibú, Richard Claro, tuvo que abandonar su municipio tras recibir amenazas, mientras que docentes y otros trabajadores huyeron para evitar ser atrapados en el conflicto.
Negociaciones estancadas entre las disidencias y el Gobierno de Colombia
Por su parte, el senador Iván Cepeda, integrante del equipo negociador con el ELN, condenó enérgicamente los ataques. “Rechazamos la violencia desatada por el ELN en Catatumbo. Pedimos un cese inmediato de las hostilidades para proteger a la población civil y permitir la intervención de organizaciones humanitarias”, señaló, citado por DW. Por su parte, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por las graves violaciones de derechos humanos y llamó a garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.
La lucha por el control de cultivos de coca y corredores de narcotráfico sigue siendo el principal punto de conflicto en esta región. Tanto el ELN como las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) tienen mesas de diálogo abiertas con el Gobierno colombiano, pero los procesos están estancados, complicando aún más los esfuerzos por lograr una paz sostenible.
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