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El pasado viernes, el mismo día en que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) informó que los cultivos ilícitos en Colombia aumentaron un 10% en 2023, la ministra de Justicia anunció la reintroducción de la aspersión controlada con productos químicos distintos al glifosato como medida para enfrentar este problema. Poco después, el presidente Gustavo Petro presentó una alternativa diferente: la compra de coca a los cultivadores en 12.600 hectáreas del Cañón del Micay, una zona clave en el conflicto armado en el Cauca.
Esta aparente contradicción revela una tensión en la política antidrogas del gobierno. Petro ha defendido desde su época como senador la idea de dejar atrás la prohibición de la producción y el consumo de drogas, promoviendo en su lugar una regulación estatal. Esta visión se reflejó en el anuncio reciente y en la política antidrogas lanzada en 2023, cuyo enfoque se basa en dos pilares: combatir a los narcotraficantes y apoyar a los eslabones más vulnerables de la cadena.
Además, el informe de la UNODC señala que la producción potencial de cocaína en el país aumentó un 53% en 2023, alcanzando 2.664 toneladas de cocaína pura, el doble de lo registrado cinco años antes. Según el investigador Luis Felipe Cruz de la organización Dejusticia, esto se debe en parte a que los campesinos han adoptado métodos más eficientes para maximizar su producción, incrementando la densidad de plantas por hectárea.
Este aumento en la producción ha ocurrido a pesar de una crisis en el mercado de la coca que, en los últimos dos años, ha llevado a una caída significativa en los precios, afectando a áreas como Nariño, el departamento con más cultivos de coca. Según la investigadora María Clara Torres, esta crisis no significaba el fin de los cultivos, ya que los agricultores tienden a adaptarse a las fluctuaciones del mercado, esperando que los precios se recuperen. Frente a este escenario, el gobierno ha destacado su enfoque en la interdicción, es decir, atacar la exportación de cocaína.
Los analistas también expresan dudas sobre la efectividad de la sustitución voluntaria de cultivos, una de las apuestas clave del gobierno de Petro. En el Cañón del Micay, donde se propuso reemplazar los cultivos de coca por café, Torres señala que la transición sería difícil, ya que el café tarda tres años en dar frutos, lo que hace inviable la estrategia a corto plazo. Además, para cambiar el enfoque actual de la política antidrogas, sería necesario modificar leyes y el Código Penal, algo difícil de lograr con un Congreso que no apoya las propuestas del gobierno.
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Fuente: EL PAÍS
