Paraguay, Uruguay y República Dominicana instaron al Gobierno de Nicolás Maduro a respetar el derecho internacional y emitir los salvoconductos necesarios para que los asilados en la embajada argentina en Caracas puedan abandonar el país de manera segura. La situación de seis miembros del movimiento opositor venezolano Vente Venezuela, asilados desde octubre en la embajada argentina en dicho país, generó preocupación en la región.
En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay expresó su respaldo a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, instando a Venezuela a garantizar la integridad de los asilados. En un comunicado, el ministerio destacó en X: “Apoyamos el pedido de la República Argentina para que las autoridades venezolanas otorguen en el menor tiempo posible los salvoconductos previstos por las normas internacionales”.
Por su parte, a través de un comunicado oficial, Uruguay manifestó su preocupación “por la situación de los seis asilados políticos en la Embajada de Argentina en Caracas, que permanecen bajo asedio de las autoridades que han negado, al mismo tiempo, la solicitud de salvoconducto para abandonar el territorio venezolano”. Asimismo, reiteró: “El gobierno uruguayo vuelve a solicitar el respeto de la Convención de Viena Sobre las Relaciones Diplomáticas de 1961 y de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, y exige a las autoridades venezolanas que permita la salida del país de los asilados, sin que peligre su vida, su libertad o seguridad personal”.
De manera similar, República Dominicana sostuvo a través de X: “El @MIREXRD se solidariza con el reclamo de la @Cancilleria_Ar de que las autoridades venezolanas otorguen sin dilación el salvoconducto establecido bajo la Convención de Asilo de 1954, para que las seis personas asiladas en su embajada en Caracas puedan salir de manera expedita… una resolución pacífica y reafirmó su compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos”.
Denuncian persecuciones y acoso por parte del Gobierno de Maduro
Recientemente, los asilados denunciaron persecuciones y acoso por parte del Gobierno venezolano, situación que describieron como una campaña para silenciar a la oposición. Mientras tanto, organismos internacionales confirmaron que monitorean de cerca el caso, que fue calificado por analistas como un ejemplo de las crecientes tensiones entre el oficialismo y sectores opositores en Venezuela.
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