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A principios de esta semana, el representante de Argentina ante la Corte Penal Internacional (CPI), Mario Oyarzábal, denunció al gobierno de Venezuela por el “asedio inhumano” a la embajada de Caracas. En esta misma instancia, Argentina acusó al gobierno de Nicolás Maduro de “presionar” a los líderes de la oposición que se encuentran refugiados en el establecimiento diplomático, cortando los servicios de agua y luz.
“Es imperioso que se respete la inviolabilidad de nuestra sede diplomática y que se otorguen con urgencia los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura”, declaró. Además, confirmó que este accionar ilegal está siendo supervisado por “fuerzas policiales y actores armados no identificados, en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad están en peligro”.
Cabe destacar que desde el mes de marzo, seis colaboradores de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, se encuentran en las instalaciones de la embajada argentina en Caracas luego de solicitar asilo. La oposición no solo tuvo prohibido presentarse, sino que también fue acusada de planear “acciones terroristas” contra Venezuela. Y si bien Machado pudo presentar a otro candidato, Maduro salió nuevamente ganador de los comicios, los cuales no fueron reconocidos por los observadores internacionales.
“Es algo abominable, sin precedentes, que merece una reacción muy enérgica de todas las cancillerías y gobiernos de este hemisferio. Mis colegas llevan más de ocho meses allí y cada día les hacen la vida más difícil. Quieren quebrarlos emocional, espiritual y físicamente”, declaró Oyarzábal. En este contexto, el argentino pidió a la CPI que actúe “con determinación” para juzgar los “crímenes de lesa humanidad” que está perpetrando el gobierno venezolano.
En su actuación frente al organismo internacional de justicia, Oyarzábal declaró que la situación en Venezuela “exige atención inmediata”, y que lamenta “profundamente la falta de avances sustantivos en la investigación que lleva adelante la Fiscalía General”. Principalmente porque, según sus palabras, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más desde el 28 de julio.
“Venezuela no puede considerarse un Estado de derecho. Se violan sistemáticamente los derechos humanos y civiles, y se ignora deliberadamente la voluntad democrática de su pueblo. La impunidad no sólo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que erosiona los cimientos del orden jurídico internacional”, afirmó Oyarzábal. También declaró que las “detenciones arbitrarias” y los “tratos inhumanos” requieren investigaciones “rigurosas”, haciendo hincapié en los ciudadanos arrestados desde las protestas post elecciones, quienes están siendo “rehenes torturados por el régimen de Nicolás Maduro”, según Machado.
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