La inmigración ilegal es una de las principales preocupaciones de los estadounidenses y un tema central en la campaña de Donald Trump para regresar a la Casa Blanca. Trump utilizó con éxito la inmigración como eje de su campaña en 2016 y, tras el récord de cruces fronterizos durante el mandato de Joe Biden, ha intensificado su enfoque en este tema. A pesar de mantener esta retórica, los republicanos han rechazado por segunda vez en el Senado una ley para reforzar la frontera.
En febrero, los demócratas lograron un acuerdo con algunos senadores republicanos para aprobar un paquete de unos 20.000 millones de dólares destinado a combatir la inmigración ilegal. Este paquete estaba vinculado a la ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán y fue inicialmente una demanda republicana. Sin embargo, antes de la votación, Trump movilizó a sus seguidores para boicotear el acuerdo. Aunque los demócratas controlan el Senado, se necesita una mayoría reforzada para aprobar la mayoría de las leyes, y sin los votos republicanos, la propuesta quedó estancada.
En la votación del jueves pasado, la mayoría de los demócratas del Senado apoyaron el procedimiento para iniciar el debate sobre el proyecto de ley de fronteras, pero todos los republicanos, excepto la senadora por Alaska Lisa Murkowski, votaron en contra. “Nos acercamos al final del mandato del presidente Biden, y la paciencia del pueblo estadounidense ante su incapacidad para asegurar la frontera sur se está agotando”, dijo el líder republicano del Senado, Mitch McConnell.
El malestar de Biden frente a la negativa republicana
El presidente Biden se quejó a través de un comunicado: “A los republicanos del Congreso no les importa proteger la frontera ni arreglar el sistema de inmigración de Estados Unidos. Si les importase, habrían votado a favor del control fronterizo más estricto de la historia. En lugar de eso, hoy han antepuesto la política partidista a la seguridad nacional de nuestro país”, indicó Biden.
La ley habría destinado más de 20.000 millones de dólares para dotar de personal y equipamiento a los servicios migratorios y fronterizos. Incluía fondos para las patrullas fronterizas, los agentes de asilo, los jueces migratorios y los servicios de acogida. Además, introducía una modificación legal que habría permitido a Biden realizar devoluciones en caliente, suspendiendo las normas de asilo al superarse ciertos umbrales en el flujo de entradas. La legislación permite a los inmigrantes solicitar asilo, independientemente de cómo lleguen, y llegan en tal cantidad que desborda la capacidad de un sistema de inmigración infrafinanciado. Eso permite en la práctica que los inmigrantes se instalen mientras sus casos se demoran durante años. La ley habría activado la repatriación inmediata de migrantes al superarse los 4.000 cruces ilegales diarios de media durante una semana.
El Gobierno de Biden ha introducido algunos cambios en el sistema de asilo para acelerar la tramitación y posible expulsión de los inmigrantes. Además, está analizando la posibilidad de aprobar un decreto con algunas medidas para dificultar el paso de inmigrantes o facilitar su expulsión. Entre las medidas que está estudiando figura la de invocar las facultades previstas en la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga al presidente un amplio margen de maniobra para bloquear la entrada de determinados inmigrantes si ello fuera “perjudicial” para el interés nacional.
Mientras tanto, Donald Trump utiliza esta consigna para potenciar su campaña presidencial
Trump recurrió repetidamente a esa norma durante su mandato, incluida su polémica prohibición de entrada a viajeros procedentes de países de mayoría musulmana, que Biden revocó nada más tomar posesión. El Gobierno de Biden analiza si se puede aplicar esa disposición al superarse cierto número de cruces ilegales, en línea con la disposición que incluía la ley propuesta. Pero si no se modifica la ley, cualquier decreto contra los cruces fronterizos puede ser impugnado ante los tribunales.
El expresidente promete medidas mucho más contundentes en sus mítines de campaña y en las entrevistas que ha concedido. Se refiere a los inmigrantes como “criminales” y “terroristas” y ha prometido deportaciones masivas, empleando incluso a los militares si fuera necesario.
Al preguntarle de nuevo si se veía usando a los militares para ello, dijo: “Me veo usando la Guardia Nacional y, si es necesario, tendría que ir un paso más allá. Tenemos que hacer lo que sea para detener el problema que tenemos.(…) Sí, hay que hacer lo que hay que hacer para detener el crimen y para detener lo que está ocurriendo en la frontera”. En esa misma entrevista rechazó descartar que vaya a crear campos de detención o concentración de inmigrantes. “Es posible que lo hagamos hasta cierto punto, pero no deberíamos tener que hacerlo mucho”, dijo, alegando que la expulsión sería rápida y no serían necesarios esos campos.
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Fuente: El País
