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En una decisión que profundiza la brecha diplomática con la Corte Penal Internacional (CPI), el Gobierno argentino ha anunciado su rechazo a la orden de detención emitida por el fiscal Karim Khan contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Esta postura desafiante de Buenos Aires generó fuertes críticas al accionar de la CPI, al que calificó como un “equívoco”.
Según expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, Argentina considera “errónea y rechaza la equiparación que realiza el Fiscal entre autoridades legítimas de un Estado democrático con líderes de una organización terrorista responsable de crímenes brutales”. Esta declaración hace referencia a la solicitud de Khan de emitir órdenes de captura no solo contra Netanyahu y Gallant, sino también contra los líderes de Hamas Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh y Mohammed Deif.
Para el Gobierno argentino, presidido por Javier Milei, esta medida de la CPI “pone en cuestión el derecho a la legítima defensa que ejerce Israel, reconocido por el Derecho Internacional y que Argentina reivindica”. En ese sentido, se advierte un alineamiento geopolítico con el Estado hebreo y un respaldo a sus acciones militares contra grupos como Hamas, calificados como “terroristas”.
Pero las críticas de la Cancillería argentina no se detienen allí. También se cuestiona que el fiscal Khan haya ignorado el trabajo de los tribunales israelíes en las investigaciones sobre los hechos denunciados, y no haber “dado oportunidad al sistema judicial local de realizar su tarea con todas las garantías del caso”.
Esta postura del Ejecutivo de Milei se suma a su firme apoyo a Israel, incluso antes de asumir el cargo en diciembre pasado. De hecho, el mandatario realizó una visita al país en febrero y se comprometió a trasladar la embajada argentina a Jerusalén, en un gesto de reconocimiento a la capital reclamada por los israelíes.
Más allá de las estrechas relaciones con Israel, el rechazo argentino a las órdenes de detención de la CPI se basa en la premisa de que esta acción “no contribuye a mejorar la situación en el conflicto y, por el contrario, agrega obstáculos a los esfuerzos para conseguir la liberación de los rehenes aún en manos de Hamas, la llegada de ayuda humanitaria y una solución de largo plazo a la crisis”.
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