La tensión entre Estados Unidos, el Reino Unido y China ha escalado tras las acusaciones y sanciones anunciadas por Washington y Londres contra un grupo de piratas informáticos presuntamente respaldados por el gobierno de Pekín. Según las autoridades occidentales, estos ciberdelincuentes llevaron a cabo una amplia campaña de ciberataques dirigida contra funcionarios, periodistas, empresas, activistas prodemocráticos y el organismo electoral británico.
El Departamento de Justicia estadounidense presentó cargos penales contra siete piratas informáticos, todos ellos residentes en China, acusados de formar parte del grupo conocido como APT31. Al mismo tiempo, el gobierno británico impuso sanciones a una empresa pantalla y a dos de los acusados en relación con una filtración que podría haber dado acceso a información sobre decenas de millones de votantes del Reino Unido.
El fiscal general Merrick Garland denunció los “extremos a los que el gobierno chino está dispuesto a llegar para atacar e intimidar a sus críticos”, afirmando que Estados Unidos no tolerará estos esfuerzos por “intimidar a los estadounidenses que sirven al público, silenciar a los disidentes o robar a las empresas”.
Según los fiscales, como parte de esta campaña de ciberintrusión que se remonta a 2010, los hackers enviaron más de 10.000 correos electrónicos maliciosos aparentando ser de periodistas destacados. Estos mensajes, una vez abiertos, instalaban software de seguimiento que permitía a los ciberdelincuentes rastrear la ubicación, direcciones IP y dispositivos utilizados por sus víctimas.
Entre los objetivos figuraban funcionarios de la Casa Blanca, múltiples agencias gubernamentales, senadores de ambos partidos, cónyuges de altos funcionarios, estrategas políticos y personalidades críticas con el gobierno chino, incluyendo miembros de un grupo de defensa de la democracia. Además, los hackers apuntaron a cuentas de correo electrónico de una campaña presidencial en mayo de 2020, meses antes de las elecciones generales.
En el caso del Reino Unido, las sanciones se produjeron luego de que “actores hostiles” accedieran a los servidores de la Comisión Electoral entre 2021 y 2022, obteniendo datos de votantes registrados. Aunque las autoridades británicas aseguran que no hubo impacto en los procesos electorales, tres legisladores afirmaron haber sido objeto de acoso, suplantación de identidad e intentos de piratería desde China.
Ante estas acusaciones, el Viceprimer Ministro británico, Oliver Dowden, anunció que convocarán al embajador de China para que rinda cuentas por sus acciones. Por su parte, el Primer Ministro Rishi Sunak reiteró que China “se comporta de forma cada vez más asertiva en el extranjero” y representa “la mayor amenaza estatal para nuestra seguridad económica”.
China, sin embargo, rechazó las acusaciones y acusó a Estados Unidos de hacer “conclusiones injustificadas” y “acusaciones infundadas” sin pruebas válidas. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino instó a no “politizar” las cuestiones de ciberseguridad y a colaborar para mantener la paz en el ciberespacio.
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