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El presente estado de excepción y “conflicto armado interno” declarado por el electo presidente Daniel Noboa se vio acompañado de un fuerte despliegue militar destinado a neutralizar las bandas criminales responsables de las recientes jornadas de violencia acontecidas por medio de la implementación de distintos operativos a nivel nacional por actos de terrorismo.
La explosión de violencia criminal a la que ha estado sujeta la sociedad ecuatoriana en las últimas semanas responde a una prolongada crisis político-institucional y a una pluralidad de factores que se han traducido en el actual contexto de incertidumbre y pánico generalizado en el que se encuentra el país. Desde los motines en varias cárceles, la toma de rehenes del personal penitenciario y la reciente toma de un medio de comunicación por parte de grupos violentos son acciones criminales que responden a la implementación de una estrategia de seguridad a manos del gobierno que ha sufrido un brusco giro de tuerca bajo el denominado “Plan Fénix”. Esto es, durante la campaña Noboa prometió combatir el crimen organizado, fortaleciendo la red de seguridad social e invirtiendo fuertemente en educación, cuando en la actualidad se le fue delegando mayor autoridad a las fuerzas armadas, militarizándose aún más con fuertes inversiones en tecnología y armamento destinadas a la fuerzas de seguridad.
Entre las medidas del plan se cuentan retomar el control de las cárceles por medio de la construcción de nuevos centros penitenciarios al estilo “Bukele” y construir cárceles “barcazas” para aislar a los cabecillas de las bandas. Justamente, la chispa que encendió la ola de violencia coordinada contra civiles y fuerzas de seguridad fue la fuga de Adolfo Macías, alias “Fito”, el líder de la organización criminal “Los Choneros” el pasado 7 de enero antes de que fuera transferido a una prisión de máxima seguridad. Lo que siguió fue una serie de medidas declarando el estado de emergencia y el despliegue de personal militar para la recaptura del cabecilla de los Choneros lo que terminó causando la rápida escalada del conflicto entre el gobierno y las bandas criminales.
Ecuador solía ser uno de los países más seguros de Latinoamérica, con una tasa de solo 5 homicidios por 100.000 habitantes en el año 2017. En principio, esto era el logro de una política innovadora de aproximación al crimen organizado que se valía de una negociación con las bandas delincuenciales, dotándolas de una cierta legitimidad social. Es decir, las organizaciones delictivas pasaron a ser aceptadas seriamente y tomadas en cuenta como parte de la sociedad civil, estableciéndose mecanismos de comunicación fluidos para la resolución de conflictos entre el gobierno y las pandillas.
Sin embargo, a partir del asesinato del candidato a presidente Fernando Villavicencio, en agosto pasado, el proceso de “legalización” implementado durante la presidencia de Rafael Correa se vio fuertemente criticado por haber relajado los controles en la lucha contra el narcotráfico, responsabilizándolo a su vez por los presentes niveles de violencia criminal exacerbada.
Conviene subrayar que establecer una correlación entre el programa de legalización de las organizaciones delictivas y la presente crisis de seguridad, es incorrecto. En efecto, el abandono de varias de las políticas de Correa durante la presidencia de Lenín Moreno, entre los años 2017 y 2021, llevo a interrumpir los canales de comunicación existentes con las pandillas, produciéndose una espiral de violencia inusitada que llevó la tasa de homicidios del país a 40 asesinatos cada 100.000 habitantes en el último año. Sumado a esto, se negoció con los carteles para que se hicieran con el control sobre las prisiones, hecho que explica la actual reacción violenta a manos de las bandas criminales ante las nuevas medidas implementadas por el presidente Noboa.
Por lo tanto, las causas actuales de la devenida “mexicanización” del Ecuador se deben tanto a factores externos como internos. Por un lado, es un país que se encuentra flanqueado por Colombia y Perú, dos países productores de drogas, razón por la cual el puerto de Guayaquil ha pasado a convertirse en el centro regional de distribución de la cocaína colombiana y peruana con destino a los Estados Unidos. Esto ha generado una disputa entre bandas enfrentadas que compiten por los flujos de cocaína de un mercado que se ha visto reducido ante la irrupción del fentanilo en Estados Unidos.
Por otro lado, la pobreza, inequidad, falta de oportunidades y altas tasas de desempleo son las principales razones por las que se vuelve atractiva la idea de ingresar al mundo de la criminalidad ante la ausencia de políticas de desarrollo socioeconómicas inclusivas por parte de la clase dirigente. La naturalización de matanzas, atentados y la práctica del sicariato que toman lugar en Ecuador responden también a una crisis interna de legitimidad de las instituciones y servicios de seguridad que se encuentran fuertemente corrompidas y cuestionadas. En efecto, el 75% de la población ecuatoriana declaró no confiar en las fuerzas de seguridad.
En definitiva, una respuesta militarizada al problema del crimen organizado es una respuesta cortoplacista que no toma en consideración el hecho de que los problemas de violencia y criminalidad no pueden ser resueltos de manera inmediata. Por el contrario, el endurecimiento de las políticas contra el crimen organizado parece haber provocado la presente ola de violencia como consecuencia de la profunda crisis institucional de larga data que sufre el país.
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