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Argentina se ha visto obligada a pagar al menos 8,400 millones de dólares en daños y 7,600 millones de dólares en intereses como resultado de una demanda presentada en Estados Unidos debido a la renacionalización de la petrolera estatal YPF SA en 2012. Esta sentencia representa un golpe severo para Argentina, especialmente teniendo en cuenta la difícil situación financiera actual del país latinoamericano.
La jueza de distrito estadounidense Loretta Preska, en Manhattan, ha establecido una fórmula para calcular los pagos a entidades respaldadas por el financiador de litigios Burford Capital. Inicialmente, la sentencia indicaba que el gobierno argentino había tomado el control de YPF en abril de 2012, pero posteriormente se corrigió para que la tasa de interés del 8% se aplicara desde mayo de 2012, lo que casi duplicó la indemnización a 16 mil millones de dólares.
El gobierno argentino ha rechazado esta decisión, calificándola como “sin precedentes y errónea”, y ha anunciado su intención de apelar. Se espera que este desafío retrase el pago durante meses o incluso años, pero también podría complicar los esfuerzos del país para regresar a los mercados globales de deuda.
El financiador de litigios Burford, que adquirió el derecho a presentar las reclamaciones por 16.6 millones de dólares en 2015, se beneficiará en gran medida de esta indemnización. Las acciones de Burford se dispararon hasta un 28% en las operaciones estadounidenses, alcanzando su nivel más alto desde agosto de 2019.
Esta sentencia respalda el modelo de negocio de Burford y otros financiadores de litigios, que han destacado su capacidad para invertir estratégicamente en juicios que esperan que resulten en recuperaciones significativas.
Argentina se encuentra en una situación económica complicada, habiendo devaluado su peso en agosto debido a la falta de reservas en dólares para respaldar su moneda. La economía del país, con problemas de liquidez, es un tema central en las elecciones presidenciales en curso. Además, Argentina enfrenta grandes vencimientos de bonos el próximo año y una deuda significativa con el Fondo Monetario Internacional.
El juicio de Preska se basa en las acciones del gobierno argentino hace una década, cuando tomó el control del 51% de YPF en 2012, acusando a su accionista mayoritario, la empresa española Repsol SA, de no invertir lo suficiente en la producción de petróleo. Esto contribuyó a la percepción de Argentina como un lugar poco atractivo para la inversión extranjera, especialmente después de enfrentar reclamos de inversores debido a su incumplimiento de 2001 sobre 95 mil millones de dólares en deuda soberana.
La sentencia se basa en que los estatutos de la empresa requerían que cualquier futura renacionalización debía ir acompañada de una oferta pública de adquisición a un precio específico, un requisito que Argentina no cumplió en 2012. Después de que Preska encontrara a Argentina responsable en marzo, se ordenó un juicio para determinar los daños y los intereses.
Argentina ha luchado vigorosamente contra esta demanda respaldada por Burford, incluso intentando sin éxito que la Corte Suprema de Estados Unidos desestimara el caso.
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de haber hecho una oferta en ves ser prepotentes con la nacionalizacion.. solo habriamos pagado 2 o 3 mil millones… otro poquito de la herencia K
Habría que investigar en qué estaban pensando cuando hablaron de nacionalización, lo que sí sé es que el muerto es toooodo nuestro y que se lo debemos a los “próceres” del gobierno K.