Ecuador atraviesa un contexto de crisis política sin precedentes, marcado por una escalada de violencia y acusaciones de acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones criminales de cara a las elecciones generales anticipadas.
Recientemente, las redes sociales se vieron inundadas de videos que muestran a estudiantes refugiándose en escuelas en medio de tiroteos entre bandas de narcotraficantes, así como intentos de asesinatos contra funcionarios públicos. Sumado a las declaraciones públicas de líderes de pandillas afirmando acuerdos de paz con el Gobierno.
Esta crítica situación suscitó una preocupación generalizada entre los diversos sectores del país y profundizó la crisis política existente, que se vio intensificada cuando el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones anticipadas. Asimismo, llevó a que el Gobierno ecuatoriano se convierta en el blanco de duras críticas y condenas provenientes de varios sectores del país.
En este sentido, Luisa González, candidata presidencial por el partido izquierdista Movimiento Revolución Ciudadana, afirmó: “Que los líderes de las bandas criminales sean los que hablen solo significa una cosa: las bandas controlan el país, no el presidente de la República”.
Por otra parte, como respuesta a la declaración del Estado de emergencia, las bandas criminales que operan en Ecuador publicaron videos en las redes sociales en los que afirman haber negociado un acuerdo de paz por un periodo específico en el país. En esta misma línea también insinuaron que el pacto fue aprobado tanto por el Gobierno Nacional como por la policía.
Sin embargo, posterior a estos dichos, desde la administración de Guillermo Lasso respondieron negando rotundamente cualquier tipo de involucramiento o acuerdo con las bandas criminales.
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