Recientemente, el diputado de la oposición, Alberto Asseff, solicitó formalmente al ministro de Defensa, Jorge Taiana, presentar por escrito la respuesta a una serie de interrogantes formulados en un pedido de informes respecto a la instalación de un radar britanico en la provincia de Tierra del Fuego. 

En este sentido, de acuerdo a la facultad conferida por el artículo 71 de la Constitución Nacional Argentina, como así también lo dispuesto en el artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el legislador del partido Propuesta Republicana solicitó las respuestas a estos puntos: 

  • 1. Informe si en el año 2022 la empresa Leolabs obtuvo un permiso para instalar un Radar en la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur

2. Por qué no se alertó desde el nivel Estratégico Militar, la seria amenaza a la seguridad nacional que supone la puesta en operaciones de la instalación de antenas de radar para el seguimiento de satélites de órbita baja, por parte de la empresa de capitales británicos Leolabs en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

3. Cuando tuvo el Ministerio información relacionada a la instalación del Radar por la empresa Leolabs y qué medidas concretas tomó al respecto.

Fundamentos

Los fundamentos de estos interrogantes se apoyan en la información de que la empresa Leolabs – constituida en el país con capitales británicos – habría obtenido un permiso del Gobierno Nacional en el año 2022 para instalar un radar en la provincia de Tierra del Fuego. Al respecto, argumentó que si bien hasta el momento se creía que el radar todavía no había sido instalado, una inspección al lugar realizada por funcionarios nacionales corroboró que las instalaciones se encuentran terminadas y “activas”. Asimismo explicó que incluso el radar ya estuvo funcionando “a prueba”.

En línea a esto, el senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, reveló: “el radar instalado en el centro de la provincia (a 600 kilómetros de las Islas Malvinas) por una empresa de capitales británicos, se encuentra activo desde hace meses e incluso funcionó a prueba sin que esa situación fuera de dominio público”. Y continúo desarrollando que hasta el momento se creía que la compañía Leolabs “sólo había obtenido un permiso de la Subsecretaría de Comunicaciones y Conectividad (dependiente de la Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional) para instalar un grupo de antenas en inmediaciones del municipio fueguino de Tolhuin, supuestamente con fines científicos”. 

Cámara de Diputados de la Nación

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