El pasado martes, Interpol declaró que la mayor operación contra armas de fuego fue llevada a cabo en Centroamérica y Sudamérica. La misma resultó en la incautación de miles de armas ilegales y de drogas por un valor de 5.700 millones de dólares, tras la cooperación sin precedentes de 15 países. La organización policial internacional añadió que las autoridades centroamericanas y sudamericanas habían efectuado 14.260 arrestos durante la ‘Operación Gatillo IX’, llevada a cabo entre el 12 de marzo y el 2 de abril.
En un comunicado, el Secretario General de Interpol, Juergen Stock, declaró: “El hecho de que una operación dirigida contra las armas de fuego ilícitas haya dado lugar a incautaciones de drogas tan masivas es una prueba más, por si hiciera falta, de que estos delitos están entrelazados”.
Tratándose de una operación jamás vista, se encontraron 8.263 armas de fuego ilícitas y casi 306.000 cartuchos de munición, así como 203 toneladas de drogas y 372 toneladas de precursores de drogas. Interpol también informó que once personas habían sido rescatadas en Paraguay cuando las autoridades desmantelaron una red de trata de personas.
De acuerdo a las fuerzas de seguridad, se registró un aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico en el último año, alimentada por el tráfico de armas de fuego ilegales. En la operación también se descubrieron casos de corrupción, fraude, delitos contra el medio ambiente y actividades terroristas.
Los países que habrían participado de la operación fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Esta se produjo en un momento en el cual México, respaldado por 16 estados de EE.UU. y algunos países del Caribe, recurre en un juicio civil contra los fabricantes de armas estadounidenses, a los que pretende responsabilizar de facilitar el tráfico de armas a través de la frontera.
A partir de información provista por la agencia estadounidense de control de armas ATF, más de la mitad de las armas recuperadas y rastreadas en Centroamérica proceden de Estados Unidos. Este nivel se acerca al 70% en el caso de México y ronda el 80% en el Caribe.
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