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El pasado jueves, senadores de los partidos Demócrata y Republicano del Congreso de Estados Unidos, presentaron una resolución donde se solicita formalmente al gobierno de Joe Biden que redoble esfuerzos en el abordaje y la búsqueda de soluciones ante “la amenaza” que representa el fenómeno de la pesca ilegal para “la seguridad y prosperidad” en América Latina. En tanto el documento fue firmado por los demócratas Bob Menéndez, Ben Cardin y Tim Kaine, junto con los republicanos Jim Risch y Marco Rubio. Y su publicación se dio en el marco de la Conferencia Mundial sobre los océanos que se celebra en Panamá.
En este sentido, los senadores afirman estar preocupados por las consecuencias que trae consigo el desarrollo de pesca ilegal – actividad que se acrecentó en los últimos años -, ya que consideran “amenaza la seguridad, la prosperidad y la biodiversidad en la región”. Al tiempo que facilita otro tipo de practicas ilegales como “la trata de personas, el trabajo forzoso y una serie de actos inhumanos y criminales”.
Es frente a esta problemática, que solicitan al gobierno de Estados Unidos que redoble sus esfuerzos para trabajar en contrarrestar esta actividad, inclusive mediante “operaciones conjuntas de la Guardia Costera y el Comando Sur, y reforzando la capacidad de los gobiernos regionales y las organizaciones de gestión pesquera para monitorear y procesar la pesca ilegal”, según explicaron los legisladores.
Además, en el comunicado oficial que emitió el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, explican que en la resolución se proponen una serie de sanciones, entre ellas en relación a la visa contra los causantes, particularmente sobre aquellos que son “subvencionados por China”. Según el Senador demócrata Bob Menéndez, quien además preside dicho comité, la pesca ilegal: “plantea uno de los mayores desafíos para los ecosistemas marinos y la seguridad marítima en la actualidad”.
Fuente: El Financiero.
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la verdad de la milanesa .. es que si bien es un problema .. su punto es china .. pero en aguas australes son tambien un problema los Españoles, Portugueses, Koreanos ..
Argentina tiene la posibilidad, siempre y cuando tuviera la capacidad militar para hacerlo, de actuar en el Atlántico Sur en el control de la pesca aún mas allá de las 201 millas náuticas y como país ribereño, amparándose en dos normativas de derecho internacional : la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que se adhiera por ley 24.543 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo del Mar del 10 de diciembre de 1982 relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios, adoptado en Nueva York y que nuestro país también se adhiriera por ley 25.290.
Pareciera ser que un país del norte – como bien dices Jorge porque están los chinos- se ha fijado que empresas pesqueras internacionales están depredando el mar internacional, cuando en realidad debería ser nuestro país quién ejerciera el poder de policía sobre el sector internacional, aún mas allá de la milla 201, porque lo que se persigue cuando se realiza el control, es que dichas empresas pesqueras internacionales CUMPLAN CON LAS CONVENCIONES INTERNACIONALES SOBRE EL DERECHO DEL MAR. De tal manera que Argentina está completamente habilitada a realizar el control y en aquellos casos que se observara violación a la normativa internacional, proceder al apresamiento o retención de los buques extranjeros y la detención y puesta a disposición de la Justicia Penal argentina.
Párrafo aparte son las licencias pesqueras otorgadas ilegalmente por Inglaterra a través del gobierno local de las islas – de nuestras islas – en flagrante violación a los Acuerdos I y II de Madrid y del Pacto Foradori Duncan, tan vilipendiados por algunos politólogos cuando en realidad, si Argentina los hubiera hecho cumplir a Inglaterra, hoy la situación sería completamente distinta y no estaríamos siendo los malos que incumplimos con nuestra palabra. He leído que incluso el apartamiento del pacto Foradori Duncan por nuestra Cancillería ha sido tema de análisis del Congreso estadounidense.
Es nuestro país, es decir, nuestros funcionarios públicos que desde hace muchos años incumplen con sus obligaciones legales y lo que es peor, con total impunidad, lo que nos presenta como los incumplidores de la palabra consolidada en acuerdos, cuando es UK la que reiteradamente ha violado con todo lo pactado.