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Recientemente, la oficina del fiscal general de Brasil presentó cargos contra quienes se movilizaron e irrumpieron en edificios gubernamentales a favor de Bolsonaro y como crítica por su derrota en las elecciones de octubre. Son múltiples los partidarios del ex mandatario que están acusados también de asociación criminal armada, además del “intento violento de subvertir el estado democrático de derecho”.
Los fiscales a cargo, que formaron un grupo para “combatir los actos antidemocráticos”, solicitaron también que los 39 acusados que presuntamente saquearon el edificio del Congreso brasileño sean encarcelados como medida preventiva y que se congelen 40 millones de reales de sus activos para cubrir los daños. Por el momento, la oficina del fiscal general envió sus cargos a la Corte Suprema después de que el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, proporcionara una lista de personas acusadas de alborotar el Congreso.
Cabe destacar que más de mil personas fueron arrestadas el pasado 8 de enero por los disturbios cometidos, y los imputados fueron acusados de “asociación para delinquir armada, intento violento de subvertir el estado democrático de derecho, golpe de estado y daño a la propiedad pública”, según un comunicado de la oficina del fiscal general. Las identidades aún no fueron reveladas, aunque se conoce que irrumpieron en el edificio del congreso brasileño, el palacio presidencial y la corte suprema.
Para los fiscales, estas personas “buscaban que las fuerzas armadas intervinieran y anularan la derrota de Bolsonaro ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva”. Así lo rezan también los cargos incluidos, afirmando que “intentaron, con el uso de la violencia y graves amenazas, abolir el estado democrático de derecho, impidiendo o restringiendo el ejercicio de los poderes constitucionales. “El objetivo final del ataque era la instalación de un régimen de gobierno alternativo”.
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