Según un reciente informe de Financial Transparency Coalition (FTC), ocho de las 10 empresas responsables de casi el 25 por ciento de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) son de China. El gigante asiático cuenta con la flota de empresas más grande del mundo que opera en aguas distantes a las suyas, con al menos 3000 embarcaciones de las cuales entre 600 y 700 rondan en América del Sur.
El informe de FTC no solo afirma que la pesca ilegal moviliza unos 23.500 millones de dólares al año, sino que también la considera como “el tercer delito contra los recursos naturales más lucrativo después de la [exploración de] madera y la minería”. Además, afirma que “los países en desarrollo son especialmente vulnerables a la actividad ilegal de la flota china” y que “se estima que la INDNR en aguas territoriales argentinas representa entre mil millones y 2,6 mil millones de dólares por año.
Para poder explicar por qué la gran mayoría de las empresas que hacen INDNR sean chinas, muchos analizan la cuestión cuantitativa: cuentan con la mayor flota de aguas distantes, suelen operar en zonas específicas donde no hay regulaciones en general o no están reguladas sobre ciertas especies, como tampoco cumplen con estándares internacionales de seguridad en su navegación. Además, estas embarcaciones suelen apagar el rastreador satelital para que no se los detecte.
Este accionar de embarcaciones chinas es altamente preocupante en América del Sur ya que la pesca ilegal en la región es nociva y continúa en aumento. Según un análisis de la ONG Oceana, entre el primero de enero de 2018 y el 25 de abril de 2021, el 69% de los 800 barcos que realizaron esta actividad ilegal eran embarcaciones chinas, registrando más de 900.000 horas totales de pesca. En este contexto, la mayoría de estas embarcaciones están vinculadas al Estado y para muchos Beijing es cómplice por conocer las actividades de su flota y no sancionarlas.
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