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En el marco de la Cumbre del G20, que tiene lugar en la ciudad de Bali – Indonesia, el pasado miércoles los líderes de los países miembros hicieron un llamado, en su declaración final, a rever la política de sobrecargos que aplica tradicionalmente el Fondo Monetario Internacional. Este pedido está en línea con el planteo que el gobierno argentino viene realizando desde hace ya algunos meses, tanto en distintos foros internacionales como en las negociaciones bilaterales que mantiene con el organismo de crédito y en concordancia con la iniciativa planteada por el país en la cumbre del G20 de Roma en octubre del año pasado, a la cual logró darle continuidad.
El documento final empleado, en su punto número 33, señala que los mandatarios firmantes se encuentran “comprometidos a apoyar a todos los países vulnerables para que se recuperen juntos y más fuertes” y destaca también “los compromisos por un monto de USD 81.600 millones a través de la canalización voluntaria de Derechos Especiales de Giro (DEG) o contribuciones equivalentes”, en este sentido, exhorta al compromiso por parte de todos los países capaces de cumplir la ambición global de USD 100.000 millones por año en materia de contribuciones voluntarias para los países en desarrollo.
De igual manera se resalta la puesta en funcionamiento del programa Resilience and Sustainability Trust (RST), destinado a brindar ayuda a aquellos “países de bajos ingresos, los pequeños Estados y los países vulnerables de ingresos medios” para poder abordar los desafíos estructurales que plantean riesgos macroeconómicos, incluidos los derivados de las pandemias y el cambio climático en el largo plazo. Asimismo, se solicitan formalmente compromisos adicionales y contribuciones al RST y al Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), con el fin de satisfacer las necesidades de financiamiento.
Finalmente, esta declaración también se entiende como un reflejo de la postura argentina en pos del compromiso para evitar el hambre de los más vulnerables, utilizando todas las herramientas que estén al alcance para hacer frente a la crisis alimentaria que atraviesa el mundo. A ello se suma la necesidad de promover un comercio agrícola abierto, transparente, inclusivo, predecible y no discriminatorio; en especial, señalando la necesidad de actualizar las reglas multilaterales que rigen actualmente en el comercio agrícola, como así también facilitar el flujo de los bienes agrícolas y disminuir sus distorsiones.
Confirma además, el compromiso que asumen los países en pos de tomar acciones coordinadas para hacer frente a los retos de seguridad alimentaria, incluyendo la suba de los precios y el déficit global de materias primas y fertilizantes”. Y del mismo modo, reconoce que la conectividad digital accesible y de alta calidad es un activo clave para la inclusión y la transformación digital, por lo que alienta a la promoción de las habilidades y la alfabetización digital para aprovechar los beneficios de la economía digital, en particular para mujeres, niñas y grupos vulnerables.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina.
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