Los problemas parecen no cesar para el gobierno que preside Pedro Castillo, quien el pasado miércoles por televisión en vivo, envió un mensaje a toda la nación anunciando que solicitó formalmente la ayuda de la Organización de Estados Americanos (OEA) para abordar la crisis política que está atravesando el país. Sostuvo que, frente a las escasas opciones que le quedan, se encontró en la necesidad urgente de apelar a su derecho de invocar los distintos mecanismos multilaterales para la preservación y defensa de Perú.
El mandatario peruano pidió a la OEA “iniciar un proceso de consulta con todas las fuerzas políticas, los poderes y las fuerzas sociales” en busca de “un camino que impida una alteración grave del orden democrático en el Perú”, invocando la activación de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana de la organización, que refieren al “fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”.
Frente a esto, el Consejo Permanente de la OEA en Washington se reunió este jueves en una sesión extraordinario para discutir el pedido y finalmente adoptar una resolución brindando su “apoyo y cooperación” para la “preservación del proceso institucional político democrático” en Perú, haciendo un llamado a todos los actores para trabajar dentro del marco del “Estado de derecho”, promover el diálogo y fortalecer el sistema democrático de su gobierno.
Del mismo modo durante la sesión, el comisionado Edgar Orellana, quien es relator para Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestó que las crisis atravesadas por la nación latinoamericana fueron producto de varios factores, pero principalmente, del “uso reiterado de tres figuras constitucionales”.
A su vez, el órgano ejecutivo de la organización nombró un grupo de alto nivel integrado por representantes de los Estados miembros, de conformidad con la Carta Democrática Interamericana, para realizar una visita a Perú a fin de analizar la situación y posteriormente proceder a elaborar un informe para el Consejo.
Varias denuncias y dos intentos de destitución
Pedro Castillo, que cumple un mandato de 5 años que finaliza en 2026, ha sido el blanco de diversos ataques desde que asumió el poder en las elecciones del año pasado, poder que se encontraba hacía ya varios años en manos de la elite política tradicional de Perú. En este sentido, ha logrado atravesar dos intentos de destitución mediante juicio político y, actualmente, es objeto de seis investigaciones penales acusado por presunta corrupción que llevaron a que, en dos meses, la policía allanara tanto el palacio presidencial de Lima como su residencia privada en busca de pruebas que respalden las denuncias.
A esto se le suma la demanda constitucional presentada por el fiscal general de Perú, en la cual acusa formalmente al Presidente Castillo de encabezar una organización criminal de la que tanto familiares como aliados del gobierno son parte. Es la primera denuncia de este tipo que se realiza a un mandatario en ejercicio, y debe ser examinada minuciosamente por el congreso para poder lograr, con una menor cantidad de votos que en el juicio político, la suspensión del Castillo. En este sentido, el líder de izquierda acuso a los “sectores del dinero, a los políticos tradicionales que siempre se han nutrido de la corrupción” de estar detrás del intento de “golpe” en su contra, y afirmó en retiradas oportunidades, que no es corrupto.
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