Las autoridades mexicanas calificaron el jueves la desaparición de 43 estudiantes en 2014 como un crimen de Estado que fue encubierto por el gobierno, en otra evaluación condenatoria de las acciones de la administración anterior en relación con una de las peores atrocidades contra los derechos humanos en México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a revelar lo que ocurrió con los estudiantes, que desaparecieron en la ciudad suroccidental de Iguala en septiembre de 2014, tras desestimar la versión de los hechos del gobierno anterior.
El caso provocó la indignación internacional por las desapariciones y la impunidad en México, y causó un daño duradero a la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto, sobre todo porque los expertos internacionales en derechos humanos criticaron la investigación oficial por estar plagada de errores y abusos.
El máximo responsable de los derechos humanos en México, Alejandro Encinas, dijo en una conferencia de prensa que la participación del gobierno en la desaparición -incluyendo a funcionarios locales, estatales y federales- constituía un “crimen de Estado”.
El último gobierno “ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, encubrió los vínculos de las autoridades con un grupo criminal”.
Uno de los estudiantes era un informante militar, pero las autoridades no siguieron el protocolo de búsqueda de soldados desaparecidos, señaló también Encinas. Si lo hubieran hecho, “se habría evitado la desaparición y el asesinato de los estudiantes”, dijo.
A pesar de las extensas búsquedas, sólo se han descubierto e identificado los restos de tres estudiantes, dijo Encinas.
Las familias de los estudiantes llevan mucho tiempo expresando la esperanza de que sus seres queridos hayan sobrevivido, presionando al gobierno en protestas en las que coreaban “los queremos vivos”.
Encinas hizo un raro reconocimiento oficial de que los estudiantes no sobrevivieron.
“No hay ningún indicio de que los estudiantes estén vivos. Todos los testimonios y pruebas demuestran que fueron asesinados y desaparecidos con astucia”, dijo. “Es una triste realidad”.
Según la versión de los hechos anunciada por el gobierno de Peña Nieto en 2015, una banda local de narcotraficantes confundió a los estudiantes con miembros de un grupo rival, los mató e incineró sus cuerpos en un basurero.
Bajo el mandato de López Obrador, las autoridades han emitido decenas de órdenes de arresto, incluyendo a miembros del ejército y de la policía, y han solicitado la extradición desde Israel de un exfuncionario acusado de manipular la investigación.
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